Esta mañana la sala del Tribunal Supremo, donde se juzga el intento de secesión de Cataluña, se ha llenado de un relato contundente y coherente. Se ha acabado el tiempo de los testigos, esta mañana la fiscalía ha hecho su alegato y los fiscales Zaragoza, Moreno y Madrigal han construido un relato con todo lo oído en las últimas semanas. Para Zaragoza no hay duda, lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado.
A medida que avanzaba el relato de los fiscales, la figura de la abogada del Estado, Rosa María Seoane se iba haciendo más chiquita. Porque Seoane, siguiendo las instrucciones de Sánchez, no ha querido acusar por rebelión. En noviembre Sánchez cesó a Edmundo Bal, el abogado del Estado que acusó a los líderes independentistas de rebelión y que por ello fue cesado. La Fiscalía, al reconstruir todo el puzzle que nos han dejado los testigos, no solo ha puesto en evidencia a los líderes independentistas, también a quien tiene que defender que solo fue una sedición, que es un delito contra el orden público. Los fiscales han puesto en evidencia a Sánchez.
Zaragoza ha dicho de Oriol Junqueras que fue un cínico. Ha defendido la actuación policial el 1 de octubre y ha señalado que hubo un concierto entre tres pilares: la Generalitat, el Parlament y los actores sociales para un alzamiento anunciado. Un alzamiento con violencia, aunque esa violencia no fuera grave ni armada. Junqueras "trasladó a la ciudadanía la imagen de que el referéndum era legal y había que votar, aunque fue advertido hasta ocho veces de la ilegalidad por el Constitucional.
Zaragoza ha añadido que el 20 de septiembre “había un estado de excepción de facto, lo excepcional es que se convocara una manifestación para parar a la Guardia Civil e impedir las actuaciones judiciales.” El fiscal Moreno ha sido el encargado de detallar la violencia física. El fiscal ha asegurado que "hubo violencia física", con 93 agentes heridos.
Según Moreno, lo del 20 de septiembre en la Consejería de Economía no puede considerarse un acto pacífico cuando se está encima de coches devastados de la Guardia Civil y se llama "altar majestuoso.” Cuixart y Sànchez dijeron que no se les podía acusar de violencia al movimiento independentista mientras ellos mismos estaban "subidos a un coche devastado" el 20-S. Todos los acusados, según Moreno, eran conscientes de que iba a haber enfrentamientos. Madrigal ha rematado asegurando que los acusados eran una organización criminal que hicieron de la Administración catalana un cortijo. Con estas conclusiones de la Fiscalía, probablemente la discusión de los jueces va a ser si hubo rebelión o si hubo conspiración para la rebelión. En un caso pueden ser 25 años y en el otro 12 y medio.