De Haro: "Junqueras pretende que el Estado acabe sentado en el banquillo de los acusados"

Empieza mañana la decimotercera legislatura de la democracia, la décimo segunda ha sido sino la más extraña uno de la más particulares que hemos tenido hasta ahora. Ha sido una legislatura después de una repetición de elecciones, una legislatura con la primera moción de censura que salió adelante. La presidenta saliente del Congreso ha deseado suerte en lo profesional y en lo personal a los que se incorporan a partir de mañana.

No sabemos si Pastor estaba pensando en los cuatro diputados acusados de rebelión que hoy, gracias a una decisión del Supremo, han recogido sus actas acompañados por policías. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull en el Congreso, y la de Raúl Romeva en el Senado, ha provocado un torbellino político este lunes en las Cortes. 

Suerte les va a hacer falta porque alguno tiene encima una condena que puede llegar a los 33 años de prisión, salvo que Sánchez los indulte. Muchos méritos no están haciendo para el indulto. O para hacer ese indulto más digerible a la inmensa mayoría de la opinión pública que no es independentista. Oriol Junqueras ha grabado y colgado un vídeo en sus redes sociales pese a que el alto tribunal les había prohibido a él y sus compañeros tener contacto con medios de comunicación o mantener reuniones de trabajo durante su estancia en el Congreso.

Junqueras ha burlado la prohibición judicial, Junqueras pretende que el Estado acabe sentado en el banquillo de los acusados. Junqueras no tiene voluntad alguna de obedecer al Estado de Derecho y por eso los reiterados autos de los jueces no le han aliviado la prisión provisional. ¡Y ahora qué?

El Supremo ha remitido un oficio a las Cortes Generales para que acuerden si deben suspender a los cinco presos que obtuvieron un escaño en las elecciones generales. Cuando mañana queden constituidas las cámaras, los acusados, que están en prisión preventiva, deberán quedar suspendidos de su cargo porque así lo establece la legislación de enjuiciamiento criminal.

A diferencia de lo que sucede en el Parlamento de Cataluña, en este caso, no podrán delegar su voto porque así los establece la Constitución y el reglamento de la Cámara. Dicho de otro modo, el recorrido de lo sucedido hoy se acaba mañana. Y tiene como consecuencia que, de hecho, el Congreso quede con 346 diputados.

Ahora hay que realizar una intensa labor de explicación y de comunicación en Cataluña y fuera de España para aclarar precisamente esta cuestión. No se le niega ningún derecho a estos diputados suspendidos y acusados, como están proclamando los altavoces secesionistas en todo el mundo.

Y en este campo la diplomacia española, la sociedad civil, el mundo académico ha hecho muy poco. No basta con cumplir estrictamente la ley hay que hacer mucha pedagogía en favor de un Estado de Derecho exquisito que está siendo difamado dentro y fuera de nuestras frontera.