"Acabe como acabe, la sombra de la sospecha está manchando una institución básica en la justicia española y se podría haber evitado"

El Fiscal General del Estado ya ha declarado ante el juez del Supremo. Decir esto en un sistema democrático es casi antagónico. 

Porque tener al Fiscal General declarando por un delito de revelación de secretos es algo casi incompatible, y lo digo porque, en teoría, el Fiscal general está precisamente para evitar que pasen esas cosas.

Dicho esto, Álvaro García Ortiz ha declarado a su manera. Solo ha contestado a su abogado y se ha negado a responder a las preguntas del juez porque considera nula la instrucción de todo el caso. Ahora bien, el papelón de verdad lo ha tenido el fiscal que estaba en esa sala porque tenía a su jefe directo en el banquillo y mira por dónde, la Fiscalía no ha formulado preguntas.

Es una situación tan inédita como rocambolesca y, sinceramente, se podía haber evitado. Pero García Ortiz no ha querido dimitir, el gobierno tampoco le quiere cesar y por eso tenemos al Fiscal General delante del juez. Si hubiera dimitido, la Fiscalía como institución habría quedado al margen y el investigado habría sido Álvaro García Ortiz, a secas.

Volviendo al juzgado, tampoco ha sido una declaración sorprendente con grandes titulares: García Ortiz lo ha negado todo. Asegura que no filtró correos sobre las negociaciones del novio de Isabel Díaz Ayuso con Hacienda.

Además, ha explicado que suele borrar contenido de su móvil (que ha cambiado seis veces en los últimos 4 años) por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible.

Este es su argumento, pero también es verdad que ese borrado y tanto cambio de móvil está complicando la investigación de la Guardia Civil que había ordenado el juez.

Y esto es otra circunstancia que tampoco deja de ser paradójica. Que sea precisamente la investigación sobre el Fiscal General, una figura que debería ser clara e impoluta, la que esté plagada de trabas e inconvenientes.

No sé cómo acabará este asunto porque tenemos que recordar que estamos en una fase de instrucción. Es una investigación en la que el juez trata de aclarar los hechos de una denuncia. Pero, acabe como acabe, la sombra de la sospecha está manchando una institución básica en la justicia española y esto se podría haber evitado.

Claro, sería todo mucho más fácil si solo habláramos de justicia, pero lo cierto es que aquí también hablamos de política pura y dura. Entre otras cosas porque al Fiscal General lo propone el Gobierno y todo lo que pase con él tiene una lectura política inevitable.

Y aquí es donde el relato del Gobierno, o de los partidos, se mezcla con los hechos en los juzgados y de ese cóctel agitado sale una pócima de la confusión difícil de tragar para el resto de ciudadanos.