"Hay llamadas que pueden ser inoportunas, pero son lícitas y responden a intereses legales y otras que tienen peores intenciones"

Es un no parar. Es casi una plaga. Raro sería encontrar a alguien a quien no hayan llamado más de una vez para venderle cualquier cosa por teléfono u ofrecerle cualquier oferta. 

Ahora el Gobierno nos anuncia un paso más para regular (o intentarlo) este tipo de marketing o campañas telefónicas. Lo que quieren es que todas las llamadas comerciales comiencen obligatoriamente por el número 800 o 900. Tampoco se permitirá utilizar un prefijo de una provincia española.

Se quiere evitar la confusión. Y es que a todos nos ha pasado que aparece en la pantalla un número móvil desconocido. Lo cogemos porque podemos pensar que es el mecánico del taller del coche o a lo mejor es el repartidor con el paquete que pedimos.

Al descolgar, nos sale una llamada de una empresa que dice vendernos cualquier cosa, hacernos cualquier oferta o proponernos un trabajo, y a veces, ni contestan.

Ahora, cualquier llamada comercial tendrá que llevar esos prefijos 800 o 900 y al verlos sabremos de qué se trata. Luego, podemos atenderles o no.

El problema es que no todas las llamadas anónimas pueden meterse en el mismo saco. Hay llamadas que pueden ser inoportunas, pero son lícitas y responden a intereses legales y otras que, por desgracia, tienen peores intenciones.

Por ejemplo, la medida está muy bien cuando se trata de empresas que se ajustan a la legalidad. Cualquier energética, u operadora de comunicaciones se va a adaptar a esta legislación y cumplirá con la ley. Cambiará los números.

Pero, ¿qué pasa cuando lo que hay detrás son llamadas fraudulentas para obtener datos personales o redes de estafadores? Estos no tienen por qué cambiar de número.

Es más, a esta gente les viene mejor seguir simulando números móviles para seguir aprovechándose de la confusión y que pueda picar cualquier incauto. Total, su actividad ya es ilegal de entrada y les puede dar lo mismo.

Así que la medida se dirige más hacia las empresas normales, que son las que van a cumplir cuando entre en vigor. La parte buena es que los usuarios sabremos cuándo nos llama una empresa legal y podremos decidir si nos interesa o no descolgar el teléfono.

Con el resto de llamadas me temo que seguiremos sin tener la siesta garantizada porque alguna puede seguir cayendo a destiempo, con esa sensación de hartazgo que suele acabar con la frase: “¡qué gente más plasta!”