El "Plan de regeneración" del Gobierno: control de los medios, quiénes son sus dueños, cómo se financian y cuánta publicidad institucional reciben

El Consejo de Ministros ha aprobado el "Plan de acción por la Democracia" o de "regeneración democrática" que plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben.

Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este plan, una apuesta personal de Pedro Sánchez, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

¿Pero qué suponen estas 31 medidas, que se ejecutarán en los tres años que quedan de legislatura, y que suponen la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales? Jorge Bustos y Pilar Cisneros lo analizan en Mediodía COPE.

tODO EMPIEZA CON LOS 5 DÍAS DE REFLEXIÓN DE sÁNCHEZ

El famoso "Plan de regeneración democrática" de Pedro Sánchez comienza cuando el juez Juan Carlos Peinado decide abrir una causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. Que abra paso a la limpieza, a la regeneración. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años", dijo en aquel discurso grabado a la nación tras los cinco días de reflexión.

Aquellas prácticas tóxicas, en todo caso, eran las que está investigando el juez sobre Begoña Gómez. Que no se utiliza la presidencia del Gobierno ni la silla de la Moncloa para hacer negocios personales. Eso es el fango, eso. 

Ahí está la corrupción.

En fin, hace casi cinco meses de aquello del periodo de reflexión. El ridículo en el que Sánchez nos hizo creer que se marchaba para luego volver, diciendo que tenía una misión providencial de lucha por la regeneración. Y tan urgente era esa tarea que cinco meses después todavía seguimos pendientes de saber hasta qué punto el Gobierno intenta o quiere controlar o limitar lo que decimos los medios de comunicación libres. 

registro obligatorio tutelado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores

 El Gobierno se da tres años, lo que resta de legislatura, para implementar un plan que contaría con medidas concretas, pero también compromisos sin desarrollar. Esto como aviso. A partir de aquí, el eje relativo a los medios pasa por la creación de un registro obligatorio tutelado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia para obtener, según el Gobierno, más transparencia de los mismos, quiénes son sus dueños, cómo se financia y, sobre todo, cuánta publicidad institucional reciben, porque a establecer límites quiere emplearse Ernest Urtasun, ministro de Cultura. 

"Vamos a reformar la ley para hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news", asegura el titular de la cartera de Cultura. 

El Ejecutivo pone encima de la mesa reformar leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación, por considerarlas ahora mismas obsoletas. 

El gabinete lo que proyecta es una legislación adecuada, dicen, y su límite sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahí ha llegado de momento el Ejecutivo. 

supresión del delito de ofensas religiosas

Entre esas 31 medidas se contempla la supresión del delito de ofensas religiosas, o la supresión de las injurias a la corona, y la obligación de que haya debates electorales en España. Y lo dice el que lleva sin convocar el Debate sobre el Estado de la Nación tres años. 

Se anuncia una reforma integral del Código Penal con la intención última de suprimir los delitos de opinión. La duda es si alcanzará o no las injurias a la corona, además de derogar las ofensas a los sentimientos religiosos, porque no queda claro, no ha dejado claro el Gobierno qué hará a ese respecto.

Además, ha decidido reformar la Ley de Secretos Oficiales, sin ofrecer más detalles.

" Este Gobierno tiene una señal de identidad que es el diálogo. El diálogo con los grupos parlamentarios", señala el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

Evidentes contradicciones 

Para algunos socios parlamentarios de Sánchez el plan se queda corto, así que el Gobierno igual ha ido por lana y puede salir trasquilado si no tiene mayoría parlamentaria. 

Con lo que sí cuenta es con un gran número de contradicciones que básicamente se pueden resumir en dos grandes apartados. Por un lado, el Gobierno dice que solo está aplicando el reglamento aprobado hace meses en el Parlamento Europeo. Está utilizando el reglamento como caballo de Troya para incluir medidas que legalmente son imposibles de incluir.

 No se pueden incluir medidas normativas a voluntad del legislador o a voluntad del Gobierno como aseguraba en Herrera en COPE, el catedrático de Derecho Constitucional, Rafael Rubio.

Otra gran duda que tiene que ver con los antecedentes y la falta de ejemplaridad del Gobierno cuando hablamos de transparencia. Primero, porque ya hay una ley de publicidad institucional en vigor desde hace más de 20 años y no se cumple. 

Y segundo, por testimonios como el de nuestro compañero David Alandete, que cuenta lo que él mismo vivió cuando trabajaba en el diario El País y Sánchez recuperó primero Ferraz y después la Moncloa. 

En 2017-2018 movilizó a una serie de gente a sueldo del Partido Socialista, que se dedicaba a perseguir a periodistas en redes sociales, hacía campañas de difamación y que presionó a Metroscopia, la empresa que hacía las encuestas, y que después de la moción de censura se produce una purga no sólo en medios como El País, sino de tertulianos en RTVE.