Proteger todos los sentimientos… menos los religiosos

Ahora resulta que uno de los pasos para regenerar nuestra democracia, según el clarividente diseño de Pedro Sánchez, consiste en suprimir la protección jurídica de las convicciones y los sentimientos religiosos de los ciudadanos frente a las ofensas que puedan sufrir. Algunos llevan tiempo reclamando esa supresión en aras de la libertad de expresión y de creación artística, y sostienen que semejante protección estaría obsoleta en sociedades plurales. Sin embargo, veintiuno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos.

Es verdad que, en una sociedad plural, ni las convicciones religiosas personales ni las diversas confesiones deben gozar de privilegios. Los contenidos de cualquier profesión de fe pueden ser objeto de crítica y debate público. ¡Vaya si lo son! Ningún problema. Los creyentes debemos acoger esta sana discusión y no cultivar ninguna suerte de victimismo. Pero aquí se trata de otra cosa: se trata de consagrar la impunidad del insulto y la ofensa gratuita, algo que no tiene nada que ver con la verdadera libertad, con la crítica social ni con la creación artística. Podemos discutir, y habrá que hacerlo, sobre el alcance de la protección jurídica de las convicciones y sentimientos religiosos: sobre qué es y qué no es delito, sobre las penas, etc. Pero nunca entenderé que la libertad para ofender sea un factor constructivo de una sociedad.

Ayer, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, desvelaba la gran contradicción de que, mientras los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para cambiar de sexo, y cada vez más expresiones son consideradas “delitos de odio”, se pretenda que los sentimientos religiosos dejen de ser un bien jurídicamente protegido. Contradicción… o hipocresía. En cualquier caso, esta medida, de llevarse a cabo, no contribuirá al bien común, ni a la libertad, ni al pluralismo social.