"García Ortiz se está haciendo un Rubiales, aunque debería recordar lo poco que le duró a este su ridícula obstinación"

Jorge Bustos analiza un hecho inédito en democracia, la imputación del Fiscal General del Estado

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Por primera vez en democracia, un Fiscal General del Estado es imputado por unanimidad por cinco jueces y juezas del Tribunal Supremo. Y por primera vez en democracia, ese fiscal general se niega a dimitir. O sea, que no contento con manchar el nombre del Ministerio Público, que es la institución consagrada precisamente a la persecución del delito, Álvaro García Ortiz agrava el daño institucional atrincherándose en el puesto como si se tratara de otro célebre imputado español:

Este que acabas de escuchar, Luis Rubiales, hoy está investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal. Pero tampoco quería dimitir. Bien, pues ahora Rubiales es el referente moral de Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, a quien desde hoy se le investiga por un delito de revelación de secretos en el contexto de la investigación tributaria al novio de Ayuso. 

La imputación del Fiscal General del Estado

Lo que sucedió aquí es muy sencillo: Alvarone vio el nombre de Ayuso y se cegó. Le pudo la camiseta ideológica. Se olvidó de la toga que viste y de los derechos que asisten a todo investigado, empezando por el de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y Fiscalía.

¿Por qué rompió el todavía fiscal general esa confidencialidad? Porque estaba loco por complacer a su jefe. Mejor dicho: a su jefa, Begoña Gómez. Eran los días en que acaba de estallar el escándalo de la imputación de la mujer del presidente, y el presidente ordenó atacar a Ayuso para desviar la atención. Y como en el sanchismo ya sabes de quién depende la Fiscalía, pues Alvarone se aplicó a la tarea de usar la Fiscalía como un ariete de partido. Como un soldado de Pedro para ganar, dijo, la batalla del relato.

Ocurre que en democracia los fiscales generales no están para ganar la batalla del relato. Están para perseguir delitos, y están sobre todo para cumplir escrupulosamente con el garantismo que caracteriza a las sociedades libres. Alvarone se fumó las garantías procesales, y ahora se enfrenta a su propio procesamiento. 

Algo inédito: un fiscal fiscalizado que se niega a abandonar el órgano que tiene que fiscalizar su presunto delito. En realidad nunca debió llegar a ese puesto, para el que fue considerado o por desviación de poder”. Por eso Sánchez es el otro culpable de esta degradación: él tiene poder para cesarlo y él decide ahora mantenerlo para que siga protegiendo a su familia.

      
             
      

García Ortiz se está haciendo un Rubiales, aunque debería recordar lo poco que le duró a Rubiales su ridícula obstinación. De momento Alvarone reunirá mañana a la Junta de fiscales, donde ha colocado a todos los amiguetes de su asociación sin

valorar mérito y capacidad sino solo afinidad ideológica. Pretende explicarles por qué quedarse es lo mejor para el crédito de la Fiscalía. Un razonamiento impecable, eh: que un imputado se atornille es lo mejor para la institución que está manchando con su presencia. 

Si resulta finalmente procesado, incluso condenado, el sanchismo es capaz de vendernos que no hay nada mejor para un país que tener a su fiscal general en la trena pero ejerciendo. Qué mejor lugar para perseguir delincuentes que el patio de una cárcel.