Así afecta la ley Celáa a la asignatura de Religión y a la educación concertada

El Consejo de Ministros aprueba la reforma educativa de la LOMCE de 2013. La todavía ministra de Educación, Isabel Celaá, ha incluido entre sus puntos de cambio a la asignatura de Religión y a la educación concertada. A pesar de las reuniones y mensajes de la Iglesia católica, del sector educativo concertado y religioso, como los obispos españoles o Escuelas Católicas, las pretensiones de la ministra socialista pueden tener hoy luz verde. Sin embargo, no se van a tramitar por la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril y la consecuente disolución de las Cortes.

¿En qué se traducen estos cambios en la asignatura de Religión y en la educación concertada respecto a la anterior ley? En el caso de la Religión, la asignatura experimenta una pérdida de valor académico y en la oferta formativa para los alumnos. La educación concertada, por su parte, va a ver cómo se elimina el criterio de "demanda social". 

Religión: ya no es "materia específica" ni contará para la media 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 define a la Religión como asignatura "específica" en  Primaria, Secundaria. En la llamada "Ley Wert", la Religión era una optativa de elección libre para los padres junto a una asignatura de Valores Cívicos y Éticos. Por lo tanto, era una asignatura también evaluable en estas dos etapas educativas.

En el caso de Bachillerato, los alumnos contaban con la religión, según el texto legal, como una asignatura ponderable como "específica" dentro de una oferta más variada. Sin embargo, el criterio era el mismo: de libre elección. 

La presencia de la Religión católica en los colegios españoles es fruto de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. Estos tratados, como recuerda el propio texto de la LOMCE, "es de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas". La gestión educativa de la selección de materiales didácticos o de la medición de logros académicos corresponderían a las autoridades religiosas y al profesorado de religión. 

La ministra actual de Educación, Isabel Celaá, elimina con su reforma a la Religión de ese listado de asignaturas específicas. Además, se ha denegado la opción de contar con alguna asignatura alternativa, a modo de "espejo" de la formación religiosa. Esto se traduce también en que los padres ya no podrían elegirla para sus hijos dentro de ese nuevo plan como asignatura específica que computase en la nota media de los estudiantes. 

La "demanda social", un "eufemismo" que perjudica a la educación pública, según Celaá

La intención de la legisladora socialista para la educación concertada es eliminar el criterio de "demanda social" como criterio para la planificación escolar. La demanda social consiste en que los centros concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad. Para Celaá, esta circunstancia se trata de uno de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE y un "eufemismo".

Es decir, que si las familias españolas desean que sus hijos estudien en un centro concertado, no podrán hacerlo en cuanto la última plaza esté ocupada. La consecuencia directa para estas familias será matricular a sus hijos en centros públicos o privados, sin contar con la opción de la concertada. Por lo tanto, los beneficiarios de esas plazas libres serán otros centros, pero no los concertados. 

A efectos de la ley de 2013, la demanda social figuraba así en el artículo 109.2: "Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social" 

Se puede comparar con el nuevo documento legal que propone el Gobierno socialista y la ministra Celaá, donde ya no figura la "demanda social": "La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados".