Cáritas denuncia que solo el 16% de las personas a las que atiende reciben el Ingreso Mínimo Vital

El próximo 1 de junio se cumple un año desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluyera una de las medidas más promocionadas por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Su entrada en vigor fue bien acogida por la mayoría de entidades sociales y con esperanza por miles de familias que lo han perdido todo durante la pandemia. Mucho antes de que la covid-19 llegara a nuestras vidas, Cáritas ya alertaba a la clase política de la necesidad de implementar el Ingreso Mínimo Vital. De hecho, estaba entre las ocho propuestas que, bajo el título “Por una sociedad más justa”, presentaron a todos los grupos políticos ante las elecciones legislativas de 2019.

Pero un año después, las ONG han puesto de manifiesto algunas lagunas que han impedido a muchas personas en situación de pobreza acceder a la prestación. Prueba de ello son los datos que aporta el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas con fecha del mes de febrero, que recoge que 258.000 personas acompañada por la entidad viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico y 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa.

El estudio revela que el 48% de estas familias atendidas por Cáritas no han recibido suficiente información como para tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Si a esto sumamos las denegaciones y los casos que aún están esperando respuesta, solo el 16% de las familias acompañadas por Cáritas son perceptoras del IMV en mayo de 2021.

Ante estas cifras, Cáritas reclama al Ejecutivo Central incorporar modificaciones para que la garantía de rentas mínimas sea efectiva. Para ello, proponen acometer varios cambios:

1. Incorporar a las personas que están actualmente excluidas del IMV, como son los jóvenes entre 18 y 22 (salvo excepciones) y las personas en situación administrativas irregular o familias con algún miembro en esta situación, además de reducir la extensión de las unidades de convivencia a la familia nuclear.

2. Para la solicitud de esta cobertura reclaman simplificar la tramitación y facilitar que las personas puedan hacer con asesoramiento y de manera presencial. Debe modificarse el artículo 25, suprimiendo las inadmisiones a trámite, reduciendo los tiempos a 3 meses –en una prestación de urgencia por carecer de ingresos, la celeridad en los tiempos es esencial—; motivar, conforme exige la ley, las denegaciones; e incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas. La situación de vulnerabilidad económica que genera la necesidad de acceder al IMV debe ser la del momento actual, por lo cual las excepciones contempladas para los años 2020 y 2021 deben ser la norma general.

3. Advierte Cáritas que el Ingreso Mínimo Vital es insuficiente en su cuantía y está pensando como un sistema formado por el IMV como suelo mínimo y complementado por las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas.