Giménez Barriocanal remarca que los bienes de la Iglesia "están al servicio de toda la sociedad"

El vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, ha publicado un artículo para el diario 'El Mundo' en su edición de este jueves, 27 de enero, titulado '¿Debe la Iglesia devolver bienes?', tres días más tarde de la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente del episcopado, el cardenal Juan José Omella.

En su artículo, Barriocanal ha remarcado que la Iglesia, en los últimos años, “ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. Aún así, todo es mejorable”, ha comenzado exponiendo.

Recordaba el vicesecretario para asuntos económicos de la CEE que en febrero de 2021, el Gobierno hizo público a petición del Congreso de los Diputados un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015, donde aparecían un total de 34.976 bienes que podrían estar registrados a través del mecanismo extraordinario de certificación.

Un sistema, subraya Barriocanal en 'El Mundo', que se estableció “para poder inscribir en el registro aquellas propiedades que desde hace siglos eran propiedad de instituciones centenarias como lo es la Iglesia o algunas administraciones públicas. De esta forma, el registro de la propiedad adquiría mayor seguridad jurídica. Hasta 1998 no estuvo completamente abierto para los bienes destinados al culto y aunque el registro no es elemento acreditativo de la propiedad sino meramente declarativo, es decir, el hecho de estar registrado no otorga la propiedad pero si la defiende, parecía lógico que la Iglesia inscribiera a su nombre aquellos bienes que históricamente eran suyos”, ha expresado.

Fernando Giménez Barriocanal expone en el artículo que esta publicación de los bienes inmatriculados generó “cierto ruido mediático” por el volumen de los registros. Como recuerda el vicesecretario para asuntos económicos del episcopado, “algunos proclamaban que la Iglesia se había apropiado de bienes del pueblo como las grandes catedrales por apenas treinta euros que podía costar el trámite. En el fondo, siempre presente la Mezquita-catedral de Córdoba, que se ha convertido en una auténtica obsesión para algunos. No obstante, junto con el listado, conviene recordar que el Gobierno incluyó un completo informe del Ministerio de Justicia donde se aclaraba que dichas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Todo el proceso era perfectamente legal”, ha manifestado.

Así las cosas, la cuestión de las inmatriculaciones comenzó a formar parte de la agenda de temas ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una comisión “ad hoc” para el estudio de este asunto.

“En dichas conversaciones ordinarias con el Gobierno y sin que recibiera una sola denuncia por parte de éste, la Iglesia decidió revisar una a una todas las anotaciones contenidas en el listado. Todas las diócesis españolas se pusieron a trabajar y a revisar; un trabajo ciertamente prolijo. Con todo el proceso, lo que quiso dejar la Iglesia claro es que no quería que se le atribuyera ningún bien que no fuera suyo y si hubiera algún error colaboraría para corregirlo”, precisa Barriocanal.

El pasado lunes, la Conferencia Episcopal Española concluyó el informe para hacerle entrega del mismo al Gobierno, coincidiendo la visita de Sánchez a la Casa de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia Iglesia publicó el informe completo en su página web. "Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles del mismo”, ha sostenido en su artículo en la cabecera.

Giménez Barriocanal ha indicado que de este estudio se deduce, en primer lugar, “que la gran mayoría de dichas inmatriculaciones están correctamente registradas, (Mezquita-Catedral incluida), tal y como como reconoció el Gobierno hace un año y que ahora se ratifica en el acuerdo alcanzado con la Iglesia”.

Pese a dicha ratificación, expone Barriocanal, “se ha publicado en algunos medios que la Iglesia admite que un millar de bienes que había inmatriculado no son suyos y que, por tanto, los tiene que devolver. De esta forma parece que la Iglesia reconoce que ha actuado mal, que se había quedado con bienes que no eran suyos y que el Gobierno le obliga ahora a devolverlos. La información no es correcta ni rigurosa. La verdad es bien diferente y es evidente que quienes lo afirman no se han molestado en revisar el informe”, ha planteado Barriocanal.

A continuación, el vicesecretario de asuntos económicos de la CEE ha concretado que de la revisión del listado efectuada por las diócesis, han surgido cerca de 2.500 registros que presentan incidencias, incluidas todas en el informe, una por una. Se trata, por ejemplo, de 111 bienes que figuran por duplicado en los registros, 746 bienes inscritos con anterioridad a 1998 (y que por tanto no procede su inclusión) o 691 bienes que las distintas instituciones adquirieron mediante compraventa, herencia, permuta, etc., es decir, por procedimientos distintos a la certificación. Incluso se incluye un bien en Hoyo de Manzanares que pertenece a la Comunidad judía”.

Ante estos datos, Barriocanal se cuestiona lo siguiente en su artículo: “¿De donde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943. El informe detalla 31 bienes que explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esta misma declara, 28 bienes donde se aprecian serios errores dado que dichos bienes, en su mayoría, no existen y 276 bienes que, a día de hoy, no son de las instituciones de la Iglesia, ya sea porque se hubieran vendido, donado a ayuntamientos o que se encuentran sepultados en un pantano como en el caso de Zamora, etc. Desde luego será difícil devolver un bien que no existe, que es de otra persona o que está sumergido; en fin…”

Giménez Barriocanal también ha explicado que el informe incluye un total de 608 bienes de los que la Iglesia declara que no puede validar el registro por “información insuficiente”.

“Ello no significa necesariamente que no sean suyos sino que, con los datos disponibles en el listado, no se puede identificar o garantizar la titularidad y por tanto, tendrán que ser objeto de mayor análisis. En este punto, junto con los anteriores, como no puede ser de otra forma, la Iglesia colaborará para aclarar en todo lo posible la titularidad y actuar en consecuencia. Este es el verdadero compromiso y no otro”, ha agregado.

Ha recordado que los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad, destinados en su “inmensa mayoría” a contribuir de una u otra manera, con los fines de la Iglesia, como “el anuncio del Evangelio y de los valores que se derivan de él que construyen nuestra sociedad, la vivencia de la fe de millones de católicos y por supuesto la inmensa labor social y asistencial que realizan las distintas instituciones de la Iglesia. Trabajando de verdad, no en la teoría ni con grandes discursos, sino a través de sus más de 9.000 centros asistenciales por donde pasan cada año más de 4 millones de personas (enfermos, mayores, pobres, mujeres victimas de violencia, drogodependientes, emigrantes, parados…)”, ha comentado Barriocanal haciendo referencia a los datos recogidos en la memoria anual de la Iglesia.

Más allá de los bienes materiales, “la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad sus bienes espirituales, que no son pocos. Bienes que están en las raíces de nuestra cultura como la tan denostada, por algunos, “familia tradicional” que ha supuesto un auténtico primer escudo social en las sucesivas crisis económicas que venimos padeciendo, donde las familias se ayudan entre si, los hermanos, los abuelos a los nietos, etc. Sólo hay que salir a la calle para verlo. Los valores que predica la Iglesia (no solo ella, claro) y que derivan del Evangelio son valores que construyen al hombre y a la sociedad, que le dan razón para vivir en medio de las dificultades y que contribuyen al desarrollo integral de las personas y de la sociedad”, ha reflexionado.

Para concluir, el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, ha remarcado que “la propia Constitución española considera el hecho religioso desde una perspectiva de laicidad positiva, afirmando la libertad religiosa y alentando las adecuadas relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones (artículo 16 CE). No se trata de que los gobiernos sean católicos o no,se trata más bien de valorar todo el bien qué puede hacer el ámbito religioso, en el plano cultural, formativo y educativo, así como en el ámbito asistencial. Y no solo valorarlo, sino reconocerlo e impulsarlo. Tal vez, al menos por un momento, deberíamos abandonar algunos prejuicios trasnochados de un pasado cada vez más antiguo y distante y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, donde la Iglesia, dentro de la sociedad, puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, sin discriminaciones”,