Cáritas denuncia que España cuenta con 2,5 millones de trabajadores pobres, principalmente mujeres

Cáritas Española ha presentado este miércoles 7 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el informe anual de Economía Solidaria 2019 bajo el título “Economía y Personas: Trabajar por lo que es justo“ y un estudio de la Fundación Foessa sobre la vulneración de derechos laborales.

El Informe Economía Solidaria 2019 ha servido para que un año más la ONG de la Iglesia Católica rinda cuentas del trabajo desarrollado en el último año a través de sus programas de inserción laboral y los distintos proyectos de economía social, comercio justo, y finanzas éticas, que han permitido a miles de personas en situación de exclusión hayan accedido a un empleo y recuperar su autonomía personal.

El trabajo decente y la estructura social y económica

El mercado laboral, subraya Cáritas, presenta desde hace años unas características propias entre las que destacan: la alta variabilidad del empleo frente al ciclo económico, un elevado nivel de desempleo que se mantiene incluso en los períodos de crecimiento y una elevada precariedad laboral en sus distintas dimensiones, lo que hace que España tenga un mercado laboral contrario al trabajo decente, según la organización.

El trabajo decente es la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, sea cual sea la edad, género, origen, etc.

Cáritas sostiene que proteger el derecho al trabajo decente precisa de un cambio de paradigma, en el que no se conciba el empleo como una dimensión puramente productiva y económica.

El trabajo decente va por sectores

Cáritas alerta que el modelo económico español está excesivamente sostenido por el sector servicios, por lo que está condicionado a la estacionalidad y a las coyunturas socio-económicas. Sectores que están alejados, remarca la ONG de la Iglesia, a lo que se entiende por trabajo decente.

Así las cosas, si comparamos la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país, el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos.

Y si dentro de este sector ponemos el foco en el servicio de comidas y bebidas y observamos la diferencia entre hombres y mujeres comprobamos que los salarios de los camareros son un 43% más bajos y los de las camareras un 50%.

Por otro lado, el salario del personal doméstico, es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres. Estas cifras también sirven para dar testimonio de la escasez o falta de eficacia de las políticas que permiten reducir esta desigualdad y condiciones injustas para las personas que trabajan en sectores esenciales como son el del trabajo doméstico, la agricultura y la hostelería.

Grupos humanos especialmente afectados

Las dificultades para acceder a un trabajo decente son sufridas por una parte significativa de la sociedad, especialmente para las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres cabe destacar la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres.

La población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente. Una parte de la población a quienes, el marco legal empuja a la irregularidad. Incluso cuando la situación administrativa es regular por parte de este colectivo, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros, recoge Cáritas en el informe.

La precariedad que conduce al trabajo indecente

La precariedad laboral se da cuando, pese a existir un empleo, los ingresos percibidos son insuficientes para salir de situaciones de pobreza. Si tenemos en cuenta el umbral de pobreza relativa, esta es una realidad en la que vive un 13,2% de la población empleada y el 3,1% si atendemos a la pobreza severa.

Así pues, hay casi 2,5 millones de trabajadores pobres que a pesar de estar empleados no logran abandonar situaciones de pobreza relativa. Una realidad que, para Cáritas, se debe a los bajos salarios, pero también influyen escenarios tanto de parcialidad como de temporalidad indeseada. Según la Encuesta de Población Activa, el 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y casi la mitad de ellos, el 48,1% sufren la parcialidad indeseada, es decir, se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo.

En agosto de 2020, según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos que se firmaron fueron indefinidos, lo que representa una muy baja generación de empleo estable y de largo plazo. Por su parte, los contratos temporales alcanzaron el 56,3% del total de contratos firmados en ese mes y, de ellos el 37,8%, tuvieron una duración inferior a siete días. Estos datos evidencian que la temporalidad es un rasgo distintivo de nuestro mercado laboral, considera Cáritas.

De esta manera, hay un 16,4% de la población en hogares cuyo sustentador principal se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave, lo que equivale a decir que más de 7,8 millones de personas viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo, bien sea por contar con trabajo pero no con un contrato, por la ausencia intermitente del mismo o por una altísima concatenación de empleos a corto plazo que les lleva a cambiar de empresa o contrato cada poco tiempo.

El 52,2% de las familias con una situación de inestabilidad laboral grave no disponen de dinero para afrontar gastos imprevistos y el 42% se han visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos. El 18,6% de las personas en esta situación han recibido avisos de corte de suministros por no disponer de dinero suficiente para pagarlos, bastante más del doble que a la población en general (7,2%).

Y si bien la educación se sigue presentando como una posible tabla de salvación para generaciones futuras, vemos que en este ámbito también aparecen dificultades asociadas a una situación de grave inestabilidad laboral. Así, el 13,1% de las familias cuyo sustentador principal está en esta situación tienen graves dificultades para hacer frente a los materiales escolares, lo que triplica el porcentaje de población general que sufre esa condición (4,3%).

Por otro lado, Cáritas denuncia que los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a esta mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral. Solo el 24,8% de los hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.