Un experto en Derecho Constitucional señala el caso del Holocausto nazi que tumbaría la última proposición de ley contra los creyentes

El PSOE ha registrado su proposición de ley en la que suprime el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Una acción que ya ha tenido la respuesta en las confesiones religiosas, que mostraban su preocupación por esta reforma del código penal que incluye esta derogación.

Una medida que, como ha subrayado en 'Ecclesia al día' el director de la Revista Ecclesia, Fran Otero, es más “ideológica que una necesidad”, donde el Gobierno pretende transmitir un mensaje, a su juicio de de que “se puede faltar el respeto a una creencias religiosas porque a uno le parece bien y le parece que es libertad de expresión.

Por su parte Marta Isabel González, de Manos Unidas, ha lamentado que pese a no disponer de una mayoría absoluta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios ponen en marcha iniciativas “ideológicas” y “populistas” como tratar de suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional: “Más político que jurídico”

Una línea que ha secundado el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, Leopoldo Abad, quien ha aseverado en TRECE que se trata de una medida “puramente ideológica” que tiene un componente “más político que jurídico”, bajo el argumento de que si finalmente se aprobase en las Cortes la proposición socialista, el artículo 510 del Código Penal sigue castigando los llamados 'delitos de odio' por razones religiosas, de género o raza. 

“Podría haber recorrido judicial y un juez podría tomar en consideración el artículo 510, por eso es un mensaje más hacia sus electores que realmente una voluntad de querer eliminar este delito”, ha opinado el catedrático de Derecho Constitucional.

A su vez, considera que se trata de una iniciativa pensada para ofender a los católicos, que son víctimas mayoritarias de estas ofensas. En este sentido, Leopoldo Abad ha precisado que las ofensas son difíciles de catalogar ya que “depende mucho de la intensidad, del número de destinatarios, del contexto, incluso del que se sienta ofendido”, ha expuesto.

Abad ha lamentado que mientras se pretende eliminar las ofensas religiosas, se busca proteger a otros colectivos como trans, lesbianas, cuestiones raciales: “Es esta política de la cancelación en el que no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende, pero en el ámbito religioso estamos en el lado contrario”, ha resaltado.

“Lo que para mí es una broma para otra persona puede ser terriblemente ofensivo”

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo también ha puesto el foco en que España es un país aconfesional, donde se recoge en la Constitución que la religión católica es la mayoritaria, por lo que establece “la necesidad de acuerdos, y si hay acuerdos, debe haber respeto hacia esa realidad que es mayoritaria en nuestro país. El Gobierno intenta por todos los medios lanzar un mensaje hacia sus socios de Gobierno y a sus votantes, pero no debe perder de vista esta realidad innegable de nuestro país”, ha subrayado. 

Un problema al que se enfrentan los jueces a la hora de juzgar estas ofensas a los sentimientos religiosos, explica Leopoldo Abad, es establecer el límite: “El problema de todo esto es que lo que para mí es una broma para otra persona puede ser terriblemente ofensivo. Es muy importante la intencionalidad del autor y qué es lo que se está planteando. La diferencia entre 'delitos de odio' y ofensas es que ofensa implica una opinión o acción que es intentar burlarse de un colectivo y el 'delito de odio' es un grado más y conlleva intentar hacer todo lo posible por perjudicar y crear una opinión muy desfavorable hacia este tipo de personas”, ha precisado.

La sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a Violeta Friedman, superviviente del nazismo

Por último, el catedrático de Derecho Constitucional ha recordado el caso de Violeta Friedman, superviviente de los campos de concentración nazi, donde murieron casi todos los miembros de su familia. 

Tras años viviendo en Venezuela se estableció en España, donde mostró su indignación por las declaraciones que en 1985 realizó el político belga y afín al nazismo en la revista 'Tiempo', León Degrelle, donde negaba el Holocausto y vertía opiniones antisemitas.

Violeta Friedman emprendió acciones judiciales contra el belga de las que nunca obtuvo sentencias favorables, hasta que en 1991 el Tribunal Constitucional consideró que Degrelle había atentado contra el honor de Violeta Friedman y de las víctimas de los campos nazis.

En la sentencia el Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de las personas a sentirse ofendidas cuando pertenecen a un grupo sobre el que se ha hecho un comentario ofensivo o atentatorio”, ha recordado Abad.