"Adolescentes detenidos en Venezuela, privados del derecho de defensa"

Más de un centenar de adolescentes han sido detenidos en manifestaciones, en Venezuela, tras el 28 de julio. Son las cifras que ofrecen las organizaciones, como CECODAP, que trabajan sobre el terreno, puesto que no hay datos oficiales. Ni sus familias, ni las ONG saben de qué les acusan, dónde están o en qué estado se encuentran, a pesar de que, según el presidente de esta organización, son parámetros básicos que debe garantizar la Ley de Infancia: “hay unas garantías que hay que respetar y le corresponde al Estado hacer los mayores esfuerzos para hacerlas cumplir”. 

En Venezuela, los adolescentes tienen derecho a manifestarse, siempre que lo hagan de forma pacífica. Si les detienen, recuerda Carlos TRAPANI, en El Cascabel de Fin de Semana en Trece, la normativa indica que deben comunicárselo inmediatamente a sus padres: “muchas familias han denunciado que han pasado muchos días sin tener noticia, a ciencia cierta, de dónde están sus hijos y en qué condiciones están”. Además, aunque deben estar separados de los adultos, “han reportado que se han hecho en sedes policiales y militares y, por tanto, no hay condiciones de infraestructuras óptimas para dar una atención diferenciada como lo ordena la ley”. Es más, la ley ordena -insiste TRAPANI-que se evite cualquier forma de violencia y como tal se entiende la incomunicación o las agresiones físicas. A muchos de esos menores se les imputan delitos de terrorismo: “técnicamente hablando, es un tipo penal muy indefinido, puede ser cualquier acto que amenace a la seguridad del Estado. Habría que ver si el comportamiento del adolescente supone un delito de terrorismo”.

La ley permite a los adolescentes la asistencia letrada de abogados particulares, públicos o de oficio y procedentes de organizaciones humanitarias. Lo que ha ocurrido, explica TRAPANI en el programa que dirige Ana Samboal, es que “todo el proceso de defensa se ha asumido a través de la Defensa Pública y por eso cabe preguntarse cuál es la calidad de esa defensa y valorar la actuación de esa instancia del Estado, porque es fundamental para valorar el mantenimiento del Estado de Derecho”. Hay abogados, procedentes de organizaciones humanitarias, que han intentado auxiliar a esos menores y se les ha limitado el acceso a sus familias: “todo el proceso de defensa lo está asumiendo la defensa pública, que es un órgano del Estado”.

TRAPANI asegura que este patrón de comportamiento ya se ha visto en el pasado, en 2017. Entonces, también detuvieron a adolescentes y se limitó su derecho a la defensa: “la niñez y la adolescencia duran poco, pero los efectos de lo que ocurre en la adolescencia se prolongan durante toda una vida”