"El fiscal general del Estado habla de su imparcialidad y no pierde ocasión para acordarse de Sánchez y Begoña Gómez"

“Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho”. Esta es la presidenta, la recién nombrada presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en su primer discurso con ocasión de la apertura del año judicial.

Y ha dicho cosas, Isabel Perelló, de las que nos congratulamos y que coincidimos y apoyamos y compartimos. Son obvias, pero no por ello debemos destacarlo y subrayarlo, porque en este país, últimamente, se cuestiona la labor de la Justicia, se cuestiona la independencia de los jueces, se ataca a los jueces, se les acusa de actuar por motivaciones políticas, de instruir causas, porque hay una motivación política detrás. O sea, lo que se ha dado de llamar eso que la izquierda populista, la extrema izquierda e incluso el Gobierno comparte y también critica en ese sentido “el lawfare”.

Ella ha venido hoy a decir lo que hay que decir y hacer del Poder Judicial. Defender la labor de los jueces, la independencia de los jueces por encima de cualquier adquisición ideológica y partidista siempre, porque esa es la base del Estado de derecho. Ha dicho “ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces sobre cómo interpretar el ordenamiento jurídico”. Una crítica de lo que vienen precisamente afirmando y atacando a los jueces desde el separatismo catalán, por ejemplo, o desde la izquierda 'podemita' o incluso desde el Gobierno, desde el Partido Socialista Obrero Español.

Y ha dicho más cosas. “Nadie está por encima de la ley”, porque aquí parece que sí hay algunos que están por encima de la ley. Lo hemos visto recientemente con la amnistía y en la actitud y la forma de desenvolverse y moverse el señor Puigdemont. Este sí que está por encima de la ley, él y los separatistas, los independentistas de los que depende Sánchez. En definitiva, para seguir en la Moncloa. Eso les vale para efectivamente estar por encima de la ley y cuestionar la igualdad de los españoles ante la misma.

En contraste con Isabel Perelló, el fiscal general del Estado, que ha hablado de su imparcialidad. ¿Quién lo diría? No se ha reído nadie, pero evidentemente es más que cuestionable la imparcialidad del fiscal general del Estado. Y luego, en la parte final de su intervención, no ha dudado, indirectamente porque no los ha nombrado, en defender a su señor Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. Porque ha cuestionado la acción popular, diciendo que este país no se puede permitir que aquí cualquiera pueda acusar a quien le dé la gana. Y efectivamente, más si estás en el poder como su señor y su esposa, sin pruebas y cuestionando ese caso que ahora mismo sigue abierto, que se está instruyendo y que se está investigando, el de Begoña Gómez, concretamente. Pues es Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, cuestionado por su labor, que está a un pasito de ser procesado por el Tribunal Supremo y que no ha perdido la ocasión hoy, en la apertura del año judicial, para, en una parte de su discurso, acordarse de su señorito Pedro Sánchez y de su esposa y del caso que está siendo investigada ella, para hablar de “prospectiva” y de causas abiertas por la “acción popular”. Esto lo habría dicho probablemente si el acusado, el investigado, pues hubiera sido, no sé, alguien del Partido Popular. Entonces no habría habido problema porque la acción popular se ejerciera contra un dirigente del partido de la oposición.