¿Se encuentra amenazada la libertad de educación por la ley Celaá tras su aprobación en el Senado?

Francisco Lamoneda, director de la Comisión Jurídica por la Libertad de Educación, analiza las consecuencias de que el Senado haya aprobado la ley Celaá. El abogado expone que una vez aprobada, “ahora lo que queda es que los correspondientes partidos políticos presenten el recurso de inconstitucionalidad y por supuesto, a la sociedad civil las diferentes armas legales que establece la legislación, vendrán posteriormente en el desarrollo reglamentario de la norma principal”.

El abogado explica que la Comisión Jurídica por la Libertad de Educación es “una comisión jurídica de ámbito nacional que reúne a distintos despachos que venimos durante años defendiendo ante los distintos tribunales la libertad de educación”. Y declara que la libertad de educación se encuentra ante “la peor afrenta que ha recibido en los últimos 45-50 años puesto que verdaderamente se niega lo más fundamental, y es que corresponde a los padres la capacidad de decidir sobre la educación de sus hijos. Es decir, nosotros defendemos el modelo constitucional, no defendemos ninguna ideología concreta”.

"La libertad de educación se encuentra ante la peor afrenta que ha recibido en los últimos 45-50 años"

Otro de los apartados polémicos de esta nueva ley es aquel en el que se elimina el castellano como lengua vehicular en los colegios de nuestro país. Esta misma semana, la justicia en Cataluña ha exigido que la menos se mantenga un 25% de la educación en castellano. Ante esto, el director de la Comisión Jurídica por la Libertad de Educación defiende en TRECE que “aquí se atenta claramente al artículo 3 de la Constitución que establece el derecho y el deber de todos los españoles de conocer el castellano, por lo que la desaparición del castellano o la eventual desaparición del castellano como lengua vehicular atenta directamente a un derecho constitucional, con independencia de lo que tarde el Tribunal Constitucional” y señala que “yo soy de los pocos que piensa que el Tribunal Constitucional podría suspender este ataque tan directo a los derechos fundamentales”.