El letrado del Congreso advierte de la dificultad para "revertir" la reforma que beneficia a los presos etarras

En la Moncloa no barajan dar un paso atrás en la reforma que permite rebajas de condena en hasta 44 presos de ETA. "La cuestión está clara", ha asegurado la portavoz del Gobierno. Desde la mesa del Consejo de Ministros siguen escudándose en que se han alineado a la normativa europea que, una vez aprobada, van a aplicar en España. Pilar Alegría, lejos de rectificar, ha culpado al Partido Popular insistiendo en que "no hay ningún despiste ni errores" en el texto aprobado por unanimidad en el Congreso, sino un partido que hace una "oposición indignante" utilizando a las víctimas del terrorismo. 

El PP retrasa la votación en el Senado: ¿Se puede echar para atrás la reforma?

En Génova pretenden utilizar hasta el último mecanismo, "desde lo político hasta lo judicial" para que esa reforma no salga adelante. De momento, el primer paso que han dado en la Cámara Alta ha sido posponer la votación. La cuestión ahora pasa por conocer si es posible la retirada total de esa reforma de la ley o no. Es una pregunta a la que ha dado respuesta el letrado del Congreso, Manuel Fernández Fontecha, en 'Trece Al Día'. "Existe un cierto cierre del procedimiento parlamentario que tiene reticencia a ir hacia atrás porque se impulsa de oficio. Esto conlleva una enorme dificultad para revertir una situación donde el Congreso ya se ha pronunciado". explica el letrado.

Esto es precisamente otro de los puntos donde se respaldan desde el Ejecutivo, que todos los partidos políticos votaron a favor de esta reforma en la Cámara Baja. Ante esto, Fernández-Fontecha advierte de la importancia de leer bien todos los puntos del texto. "Es una cuestión de leerse bien la documentación y trabajarla. En el caso de directivas es más importante porque el lenguaje que utilizan no coincide con la precisión jurídica del derecho español", asegura.

De hecho, otro de los argumentos que se han expuesto desde la mesa del Consejo de Ministros es que se han acogido a la normativa europea y, por tanto, "ahora lo tienen que aplicar en España". A raíz de este punto, Fontecha añade que "aquí la cuestión es la claridad expositiva y el trabajo de los proyectos de ley", es decir, "si el letrado es el responsable de la tramitación y tiene un buen conocimiento es más fácil que en una ponencia pueda existir un debate más o menos extenso sobre cuestiones muy complejas, el letrado tiene que tener a la vista la directiva que se trata de trasponer", concluye.