La asociación de escoltas que ha denunciado a Iglesias y Montero: "Es un fraude y se está vulnerando la ley"

Unidas Podemos está en el punto de mira durante los últimos días por la denuncia que una exescolta de Pablo Iglesias realizó al partido. Según la versión de la trabajadora, recibió un trato laboral “discriminatorio” por parte de Irene Montero. En COPE hablamos con Andrés López, director del departamento legal de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES). Esta ha denunciado a Podemos y a su antigua trabajadora por este caso.

“Ante la enorme preocupación que nos causa la posibilidad de un caso de intrusismo en nuestra profesión (la auténtica lacra que tenemos en el sector), hemos interpuesto una consulta a la Unidad Central de Seguridad Privada para que esclarezca el asunto. Y depure responsabilidades en caso de que proceda”, cuenta López a este medio.

“Entendemos que o bien no era un escolta profesionalmente habilitado o, en el caso de que lo fuera, tanto la relación contractual como la prestación del servicio se ha llevado de forma irregular. En su denuncia, queda perfectamente reflejado que estaba contratada directamente por Podemos. En caso de ser un profesional de la seguridad privada, tiene que ser por medio de una empresa de seguridad”, nos aclara también.

Además de esa contratación específica, ¿qué más distingue a un escolta cualificado del que no lo está? “Tiene que realizar una serie de pruebas ante el Ministerio del Interior, además de ser un vigilante habilitado”. Por lo tanto, “en este caso, se está incurriendo en fraude contractual y se está vulnerando la ley”, asevera el portavoz de ASES.

López deja muy claro que “la función del escolta es la protección de la personalidad que se tiene asignada y velar por su integridad física y derecho a la deambulación”. “Se puede conducir, pero no realizar labores domésticas ni encargos ocasionales del tipo de los que parece ser que a esta señora se le han encomendado”, sentencia al respecto de unas acciones que resultan ser “falta grave”.

Según el principal experto legal de ASES, que la escolta fuese contratada por Podemos, y no por una empresa de seguridad, “también se consideraría un caso de intrusismo”. Además de “una falta muy grave tanto para el prestador del servicio como para Podemos”.

La preocupación en el gremio de los escoltas y profesionales de la seguridad debido a este caso es grande: “Puede dañar la imagen profesional de un escolta privado, porque se ven sometidos a realizar una serie de funciones que no son propias de nuestra profesión. Y queda en entredicho también la figura, la condición y la legalidad del personal que presta este tipo de servicios”.

“Si se confirma que estas actividades se han realizado de la forma que se sospecha que se han llevado a cabo, tendremos que plantear algún tipo de denuncia. Intentaremos también llevarlo a Fiscalía, para que el caso no quede en tierra de nadie, sino que tenga consecuencias”, concluye López.