El Congreso insta al Gobierno a promover sanciones de la UE contra el régimen de Maduro

La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha acordado instar al Gobierno a condenar las violaciones de derechos humanos y represión del régimen venezolano de Nicolás Maduro, a promover su condena y pedir que la UE aumente las sanciones contra los mandatarios.

Además, la comisión ha emplazado al Gobierno a apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana.

Estos son algunos de los puntos incluidos en una proposición no de ley (PNL) defendida este lunes por el PP y que ha recibido el apoyo de la comisión en todos sus puntos, salvo en el relativo a la necesidad de emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe y de las denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de la represión y tengan doble nacionalidad, la venezolana y la española o la de cualquier otro país de la UE.

Para la diputada del PP Milagros Marcos, el objetivo de la PNL es “hacer saber a los venezolanos que no están solos y que pueden contar con el apoyo del Gobierno español”.

La iniciativa aprobada también plantea la necesidad de que el Ejecutivo exija al Gobierno de Venezuela la “inmediata liberación de todos los presos políticos” que no han sido juzgados o han sido condenados “de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad”.

Además, se insta al Gobierno a “rechazar de forma contundente” la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre “si no se dan las condiciones democráticas suficientes”.

En la comisión también se ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PSOE sobre “el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos”, por la que se insta al Gobierno a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que “favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado social y democrático de Derecho” y que apoye y promociones el pleno respeto.

Además, pide impulsar medidas destinadas a “prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos” y velar por que el comercio internacional sea “respetuoso” con el desarrollo humano y los derechos humanos, laborales y sociales, así como con las normas medioambientales.