COPE accede a la declaración del fiscal general del Estado en el Supremo: justifica el borrado de mensajes en su móvil por 'imposición legal'

COPE ha podido acceder a la declaración íntegra del fiscal general del Estado en el Supremo, el pasado 29 de enero, dentro de la investigación que se sigue contra él por un posible delito de revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Entre otras afirmaciones, Álvaro García Ortiz justifica el borrado de los  mensajes en su teléfono móvil en que lo realiza con regularidad por ser, afirma, 'una imposición legal'. Y que nunca ha intentado perjudicar a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

acusa al magistrado hurtado de actuar con "predeterminación"

García Ortiz echó en cara al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, antes de arrancar su declaración como investigado por una presunta revelación de secretos, que no aceptara determinadas diligencias de defensa que propuso y le avanzó que, por tanto, no respondería a sus preguntas porque entendía que actuaba con "predeterminación" y con "una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad". "Creo que esa situación me perjudica", añadió.

Así consta en la transcripción de su declaración del pasado 29 de enero, a la que ha tenido acceso la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, en la que solo admitió preguntas de su defensa, la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que finalmente declinó realizar ninguna.

A esta razón, el fiscal general sumó que la entrada y registro de su despacho "fue invasiva de derechos fundamentales" y que pidió su nulidad, algo a lo que el Supremo hasta ese momento no había dado respuesta.

"No ha sido resuelto ese recurso" lamentó, para añadir que lo requisado podía ser "toda la base de la imputación que se realizase".

Además, afeó al magistrado que hubiera ordenado una serie de diligencias de las que no había informado a su defensa, y que eso le impediría ser "exacto" en sus contestaciones. "Me daría a mí poca oportunidad de ser exacto en mis contestaciones si no las tuviera presentes a la hora de contestar", explicó.

Y sumó a esto que entendía que el objeto del proceso "no está fijado" en términos que le puedan garantizar su defensa. "Aunque ha sido objeto de un pequeño debate, el objeto del proceso no está fijado en términos que a mí me puedan garantizar de alguna manera mi defensa", añadió.

Además, aclaró que algunas de las diligencias de defensa que pidió y que eran "absolutamente indispensables" para ejercitar su defensa fueron "denegadas por el magistrado instructor". "Creo que con una predeterminación que yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad, y creo que esa situación me perjudica", resaltó.

justifica no responder a la acusación particular

El fiscal general advirtió de que no respondería a la acusación particular porque en la querella de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra él por revelación de secretos "omitió" que su abogado envió al jefe de Gabinete de la dirigente madrileña, Miguel Ángel Rodríguez,  al menos uno de los correos que se cruzó con el fiscal de delitos económicos que le investigaba.

"La querella (...) omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción, (...) hay al menos uno de los correos que ha sido transmitido en tiempo real de manera inmediata: en el momento en el que lo recibe su abogado, lo transmite al jefe de gabinete de la presidenta, y esto no figura en los hechos de la querella", explicó.

Indicó que ese detalle era "relevante" porque demuestra que "hay un comienzo de traspaso de información que desde luego no figura en esos hechos", y añadió que el querellante "no ha sido leal con los tribunales puesto que ha omitido hechos que son fundamentales" porque ha provocado "de una manera casi unívoca una investigación hacia la Fiscalía".

García Ortiz añadió a esto que también consideraba relevante que González Amador, en los días clave del 12 al 14 de marzo de 2024, "pudo perfectamente desmentir la mentira que se estaba transmitiendo a las redes, y no lo hizo", refiriéndose a la noticia de que quien ofrecía un pacto era la Fiscalía y no su defensa. "Yo creo que esa conducta no es propia de quien quiere guardar un secreto, y creo que la mentira no es, no puede ser nunca un secreto".

el ministerio público renuncia a preguntar

Tras esa primera disertación del fiscal general, la fiscal del caso explicó que renunciaba a interrogar dado que la causa "se inauguró con una diligencia de entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid, diligencia, insólita, nunca antes acordada y que supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional".

"Esta diligencia fue protestada por la teniente fiscal y fue recurrida en apelación (...) aduciendo inconstitucionalidad por haber tenido una extensión desmesurada, y por su nula proporcionalidad que creo que no puede ser corregida ex post", explicó.

Sumó a esto que la investigación fiscal contra González Amador ya era "objeto de seguimiento masivo por diverso medios de comunicación social" con anterioridad a la franja horaria que debiera ser objeto de las pesquisas --hechos acaecidos entre las 22.00 y las 00.00 horas de la noche del día 13 de marzo de 2024--.

A esto añadió que las conversaciones entre abogados y fiscales como las que se filtraron tienen "escaso valor". "El documento relevante revelado es inane desde el punto de vista jurídico", explicó.

Y cargó contra el querellante y su defensa porque "decidieron con antelación a la susodicha franja horaria ofrecer un relato sobre los hechos para desprestigiar la actuación del Ministerio Fiscal". "Se valieron de una interpretación sesgada de un correo remitido por el fiscal que tuvieron en su poder y tuvieron a bien publicitar", lamentó para subrayar luego que la afirmación de que las negociaciones partieron del Ministerio Público era "falsa".

El Ministerio Público subrayó además que "ha sido víctima de un montaje" porque González Amador ha buscado "colocar el foco en las negociaciones entre las partes" y sobre la presunta filtración de "un documento inane", algo que ha provocado que se haya "allanado posiblemente imprudentemente y (...) de forma desproporcionada la sede de la Fiscalía".