¿Qué tiene que pasar para que Bélgica extradite a Puigdemont?

El tribunal de primera instancia belga que tiene que decidir sobre la orden de detención y entrega dictada contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha decidido este martes aplazar la vista sobre el caso hasta el próximo 16 de diciembre.

Ello ha tenido lugar después de que el juez Llarena activara de nuevo la orden europea de detención tras hacerse público el fallo del procés que condena a sus principales responsables por los delitos de sedición y/o malversación, los mismos por los que reclama la Justicia española al expresidente. 

Actualmente, Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso. 

Si es en diciembre, contra la decisión que se adopte sobre la entrega o no de Puigdemont las partes (la Fiscalía belga y su defensa) podrán interponer un recurso en un plazo de 24 horas, pasando el caso a la Corte de Apelación, que equivale al Tribunal Supremo español.

La Decisión Marco del Consejo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre Estados miembros, un periodo que puede ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Sin embargo, lo hace en relación a personas que han sido "detenidas", pero el expresidente está en libertad sin fianza, por lo que los plazos pueden demorarse. 

En todo caso, el magistrado a cargo de la causa deberá decidir si se da el principio de doble incriminación, es decir, que los delitos por los que se le acusa en España estén contemplados en el Código Penal belga. 

ADVERTENCIA DE ESPAÑA

Este mismo martes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, advirtió en declaraciones a Onda Cero que el Ejecutivo no entendería que Bélgica no extradite a Puigdemont, después de que el año pasado un tribunal alemán se negara a entregar al exvicepresidente de la Generalitat por el delito de rebelión. Tras lo cual, el juez Llarena renunció a reclamarlo porque en ese caso el Tribunal Supremo solo habría podido juzgarlo por malversación. Ahora, con la sentencia en firme del procés, es posible pedir su extradición por sedición y malversación ya que ambos delitos sí están tipificados en el código penal belga. 

El artículo 104 señala que "el intento de destruir o cambiar la forma del gobierno o el orden de sucesión al trono, o hacer que los ciudadanos o los habitantes tomen las armas contra la autoridad real, las cámaras legislativas o una de ellas, será castigado" con penas de entre 20 y 30 años de cárcel. También el artículo 151 establece que todo "acto arbitrario" que atente contra las "libertades y los derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un funcionario o un oficial público, por un depositario o un agente de la autoridad o de la fuerza pública, será castigado con penas de quince días a un año". A ello se suma el artículo 131, que precisa que será castigado "quien dirigió la sedición", y el 132 y 134, que también se refieren al delito de sedición.