El Defensor del Pueblo catalán aceptó supuestamente un viaje a la última final de la Champions del Barça

El empresario Jordi Soler ha sido citado por el juez como investigado por pagar supuestamente un viaje a la final de la Champions de 2015 al Sìndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, y a su hija. Se trata de la última final de la máxima competición europea a la que llegó el Fútbol Club Barcelona, jugada en Berlín.

El juez José de la Mata, además, ha citado como testigos a una secretaria de Soler, Eva Brea; y a un histórico miembro de CDC, Ramón Camp.

En otro auto, también notificado hoy, el magistrado de la Audiencia Nacional acuerda asimismo dar traslado de las actuaciones al Sìndic antes de decidir si, tal y como ha propuesto la Fiscalía Anticorrupción, remite estos hechos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al estar Ribó aforado por su cargo.

Antes de dar ese paso, De la Mata explica que, según la doctrina del Supremo, "procede precisar los indicios" que pudieran apoyar la imputación que reclama el fiscal y por ello recuerda que existe la obligación de dar la oportunidad al aforado de personarse en la causa, tomar conocimiento de las actuaciones, declarar voluntariamente como persona investigada, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias.

Por eso le da traslado fundamentalmente de los dos informes de la Guardia Civil en los que se ha basado la Fiscalía para pedir su imputación por un presunto delito de cohecho impropio por aceptar la invitación de Soler.

Según la Fiscalía, en junio de 2015, Jordi Soler, ya investigado en la Audiencia Nacional en el caso de las mordidas del 3 por ciento, "decidió invitar a diversas personalidades del ámbito del partido político CDC o de instituciones públicas de Cataluña, a la final de la Liga de campeones de la UEFA, que se celebraba en Berlín" y que disputaba el Barça.

Entre las personas que participaron en el viaje, que incluyó el alquiler de un avión y una furgoneta por un coste total de 39.000 euros, estaba Ribó y su hija y, según observa De la Mata, "no consta la existencia de fin alguno distinto" para que Soler le hiciera esa invitación que la de su condición de Sìndic.

Para llegar a esta conclusión el juez ha observado que no consta que les unan lazos familiares "o de especial amistad íntima o afecto entre ambos" y recuerda que Ribó no sólo aceptó ser invitado, sino que solicitó expresamente que su hija también lo fuera.

Por eso De la Mata cree, que el motivo de este viaje fue tener una "atención comercial" con el Sìndic, que ocupa ese cargo desde 2004, y de hecho trató que nadie supiera de él, según se refleja en un mensaje intervenido en la investigación.

Para la Fiscalía, estos hechos serían constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, que sanciona al cargo público que simplemente acepta un regalo entregado en consideración a su posición.

En este caso, señala el escrito del fiscal, "Ribó no solo aceptó la invitación al viaje en un vuelo pagado por Jordi Soler sino que además tomó la iniciativa de solicitar que dicho empresario pagara también el viaje a Berlín de su hija".

Además, "dentro de las funciones y actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido fútbol, es decir, el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial".