Fin al intento de Sánchez de gobernar España con quienes quieren destruirla

El día en el que Pedro Sánchez pidió la confianza de separatistas y podemitas para ser investido presidente del Gobierno gracias a una moción de censura, era consciente de hacer realidad la “alianza Frankenstein”. A la salida de aquella sesión plenaria, el jefe del Ejecutivo se dijo consciente de su responsabilidad y aventuró el compromiso de abordar “la modernización del país”, la atención de “las urgencias sociales”, y además llevarlos a cabo “desde el consenso, con humildad, capacidad de trabajo y entrega”.

Aquella jornada, el 1 de junio de 2018, dejó la estampa de una bancada socialista aplaudiendo a su jefe de filas que dio las gracias, uno a uno, a sus apenas 84 diputados, mientras los gritos de “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!” desde Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, evidenciaban la pretensión de hacer valer su cuota en la presidencia del Gobierno. “Los planetas se nos han alineado”, argumentaba la guardia de corps de Sánchez sin restar un ápice de épica a la gesta de un líder político que había regresado de un derribo como secretario general del PSOE y además convertirse en inquilino de La Moncloa.

Del precio a pagar a sus socios nada aún se sabía, pero ERC y PDeCAT ya preparaban la factura. A los independentistas, precisamente, les aseguró Sánchez querer “sentar las bases que nos permitan normalizar las relaciones e iniciar el diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalidad de Cataluña”. Fue el gran reto que se propuso el jefe del Ejecutivo con la vista puesta en preparar un encuentro con Quim Torra. Para allanar ese camino, suspendió el control sobre las cuentas catalanas como una muestra de “normalización”. Un gesto más de distensión llegó casi de inmediato con el anuncio del acercamiento de los políticos presos por el “procés” a cárceles catalanas. Suma y sigue.

El deshielo se puso a prueba el 9 de julio de 2018 cuando Sánchez recibió a Torra en La Moncloa, una cita de dos horas y media de duración que transcurrió en un tono hasta “distendido”, según difundieron entonces fuentes gubernamentales. Ambos líderes recuperaron la comisión bilateral prevista en el Estatut y acordaron levantar los recursos ante el Tribunal Constitucional de las leyes sociales. Los contactos y negociaciones prosiguieron, no sin tropezones, pero con cesiones continuas como la reapertura de la docena de embajadas catalanas en el exterior, la rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado contra los golpistas secesionistas del 1-O descartando el delito de rebelión, y así se llegó a la cumbre de Pedralbes del 20 diciembre de 2018.

En ese marco, Sánchez pareció unir su destino al de Torra coincidiendo en “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña”, acordando entablar un diálogo “efectivo” para alcanzar una “propuesta política de amplio apoyo de la sociedad catalana” y avanzar en una “respuesta democrática” a las demandas de los catalanes, en el marco de “la seguridad jurídica”. Así lo suscribieron, negro sobre blanco, los Gobiernos en un comunicado conjunto en el que La Moncloa cedió a eliminar una referencia expresa de la Constitución, que sí figuraba en su borrador inicial a cambio de la apelación al marco de “la seguridad jurídica”.

Tras el pacto de Pedralbes, la euforia del entorno del Presidente fue tal que se vio con margen de maniobra para agotar la Legislatura con un presumible respaldo de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado gracias a la mayoría absoluta de la moción de censura. Aquel espejismo acabó diluyéndose. Tanto como para que el Gobierno jugó su último as en la manga para lograr sacar sus cuentas: la aceptación de la figura de un “mediador” que intercediese en una mesa de partidos a nivel nacional para apuntalar la operación diálogo. El incendio en gran parte del propio PSOE obligó al Gabinete a teatralizar la ruptura con el secesionismo.

La cuenta atrás a la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, dos de ellas presentadas por PDeCAT y ERC que seguían sin apearse de reivindicar la autodeterminación, dejaba instalada la percepción de no existir otra alternativa que el adelanto de las generales. La caída del proyecto confirmó el punto y final de la Legislatura, sólo ocho meses después de la llegada de Pedro Sánchez, dando la razón a la voces, dentro de su propio partido, que siempre alertaron contra la posibilidad de gobernar España de la mano de quienes quieren destruirla.