Los funcionarios del ICF, ante "graves problemas penales" si avalaran a los condenados del procés

Este miércoles finalizaba el plazo que los altos cargos del procés tenían para depositar la fianza de 5,4 millones de euros antes de que el Tribunal de Cuentas les obligara a responder con su patrimonio a estas cantidades.

La Generalidad, que no ha sido capaz de encontrar ninguna entidad bancaria privada que esté dispuesta a avalar el fondo creado por la administración catalana de 10 millones de euros para afrontar las fianzas, ha anunciado durante el día de hoy que será el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) el ente que avale finalmente las fianzas que reclama el Constitucional a los ex altos cargos del Gobierno catalán.

"Las primeras entidades financieras con las que hemos contactado, bancos o cooperativas de crédito, todas ellas con un negocio significativo en Cataluña, no han considerado oportuno aceptar nuestro ofrecimiento de formalizar la garantía de esta operación", reconoció ayer martes el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien también llegó a anunciar que su administración evitaría “comprometer a los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en la operación”. Hoy, definitivamente, su parecer ha sufrido un drástico revés.

Pero, ¿qué hay detrás de la negativa a avalar este fondo por parte de las entidades bancarias privadas? ¿En qué delitos podrían incurrir los funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas?

Para Jesús Escudero, abogado penalista del bufete ‘Almiro Abogados’, los funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas podrían incurrir en “delitos de malversación y prevaricación porque con dinero público se estaría avalando a su vez un dinero defraudado del erario”.

El experto consultado por COPE ha recordado que el funcionario del ICF que avale el fondo creado por la administración catalana “podría tener graves problemas porque, además, la oposición ya ha demostrado que va a vigilar muy de cerca este nuevo movimiento del Gobierno catalán”.

Escudero ha destacado también que “otra cosa es el recorrido penal que pueda tener, ya que es un tema profundamente politizado como hemos podido comprobar durante estas últimas semanas con los indultos concedidos a los presos del procés por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”.

“En este caso estamos hablamos de un bien jurídico protegido que es el correcto funcionamiento de la Administración pública, sobre todo el de sus recursos. Si tienes que velar por la correcta utilización de estos recursos como Administración Pública y estás avalando a unas personas físicas que han sido condenadas por un delito, se pueden dar todos los principios jurídicos para procesar a los funcionarios por delitos de malversación y prevaricación”, ha resaltado.

El abogado penalista de la firma ‘Almiro Abogados’, no ha dudado en afirmar que “existe una responsabilidad clara sobre el funcionariado de esta entidad. El ICF, a pesar de ser una entidad vinculada, en este caso, al Gobierno catalán, es independiente en sus decisiones por lo cual los funcionarios que dirigen el instituto son plenamente responsables a la hora de otorgar el aval”.

Por último, Jesús Escudero ve muy complicado “que se produzca una medida cautelar para suspender esos avales". "Sin duda alguna, se trata de un tema muy complejo para los funcionarios del ICF”, ha concluido.