El General de la Guardia Civil rectifica: Somos “garante de la libertad de expresión"

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, no ha querido utilizar la palabra error, pero lo ha admitido en una intervención escrita y muy medida en el turno de preguntas. Cuestiones que, hoy sí, el secretario de Estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha creído conveniente no vetar.

El general “precisa” sus palabras. No dice expresamente que se equivocara al afirmar que la misión de la Benemérita sea “minimizar la crítica social al gobierno”, pero rectifica al recordar que la Guardia Civil es “garante de la libertad de expresión, información y por supuesto del derecho a la crítica política”. Recuerda que el trabajo del Instituto Armando es perseguir bulos que producen alarma y estrés social en “algo muy serio, la salud”. Luego aclaran una cuestión semántica: cuando pidió el pasado 15 de marzo en una institución, a la que ha tenido acceso COPE, “la identificación, estudio y seguimiento de campañas de desinformación, de publicaciones desmintiendo bulos y faltas noticias susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”, debió de decir Estado.

“Cuando me refiero a instituciones, déjeme que les explique: estamos hablando de instituciones del ámbito local, autonómico, estatal… al fin y al cabo, instituciones de todo el Estado”. Ha sido la explicación entendida como rectificación al escrito oficial.

Ese escrito, según aseguran a COPE fuentes de su entorno, es el que intentaba reproducir el general el pasado domingo en la rueda de prensa del palacio de la Moncloa. Leyó la expresión “estrés social” y se equivocó, insisten en su entorno, es decir “minimizar la crítica social”.

El documento interno, firmado por el propio José Manuel Santiago, jefe interno del Estado Mayor, pide a todas las unidades “se actualice semanalmente” la información para la elaboración de un informe a trasladar la Ministerio del Interior. El alto mando de la Benemérita plantea sus demandas en seis puntos. Solicita, además, “las denuncias administrativas tramitadas a las autoridades sanitarias por venta online de productos considerados actualmente como recursos críticos (mascarillas, guantes, geles desinfectantes, pruebas de detección…)” también “actuaciones administrativas y judiciales llevadas a cabo por las unidades de Guardia Civil, de bloqueo o cierre de páginas web utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al COVID-19.

Es le punto 5 en el que se plantea combatir la “desafección a las instituciones del Gobierno”. Aclaran fuentes de la propia Guardia Civil que la palabra “desafección” es de uso muy común en esos ámbitos profesionales cuando se habla de rechazo a la gestión de una crisis. La obligación de los servicios de información, nos dicen en el propio cuerpo armado, es informar al Gobierno de turno, lo que no debe, ni puede hacer la Guardia Civil es “minorizar la crítica social”. Eso es una barbaridad.