El Gobierno alivia el déficit de las CCAA y rechaza la negociación bilateral con Cataluña

El Gobierno y las comunidades se han comprometido a crear una comisión política, que recogerá los trabajos ya realizados por las comisiones técnicas sobre la reforma de la financiación autonómica, y en la que participarán representantes de las comunidades con rango, como mínimo, de director general.

Todos estos acuerdos se han adoptado en la primera reunión del CPFF presidida por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Política Territorial, Meritxell Batet, a la que no ha acudido ningún representante de Cataluña. Montero ha explicado después en rueda de prensa los acuerdos adoptados y ha hecho hincapié en la "sensibilidad" del Gobierno de permitir que las comunidades disfruten de dos décimas de margen el próximo año y una más en 2020, ya que estas administraciones han tenido que soportar ajustes muy importantes en la época de crisis.

Y es que, con este acuerdo, las comunidades tendrán el año 2019 un objetivo de déficit del 0,3 por ciento del PIB, y no del 0,1 % como estaba estimado, mientras que para el 2020 el techo será del 0,1 % (y no del 0 %) y para el 2021 tendrán que tener estabilidad presupuestaria. Mejoras que llegarán a todas las comunidades, ha garantizado Montero, tanto a las que tienen déficit excesivo, como a las que están a las puertas de la estabilidad o incluso a aquellas que ya tienen superávit.

Para ello, el Gobierno tiene previsto modificar la regla de gasto, de manera que los ayuntamientos y autonomías que tengan superávit puedan dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles de manera más flexible, tanto en fondos como en el tipo de proyecto. Ahora bien, Montero ha advertido de que esta nueva senda tiene que ser aprobada también en el Congreso y en el Senado y ha dicho que si es rechazada, se volvería a los objetivos anteriores.

Las autonomías gobernadas por el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han votado en contra, junto con Canarias, mientras que a favor se han pronunciado las socialistas -incluida Cantabria, donde están coaligados con los regionalistas-, excepto la valenciana, que se ha abstenido. Sobre la reforma de la financiación, las comunidades se han quejado por la decisión del Gobierno de no reformar el modelo en esta legislatura aduciendo falta de tiempo material.

En este sentido, las comunidades gobernadas por el PP han protestado por el hecho de que el Gobierno decida dar oxígeno a las comunidades flexibilizando la meta de déficit y no con una mejor financiación. Consideran estos territorios que permitir que se relaje el déficit sólo conducirá a un aumento de la deuda, cuando lo que debería hacerse es aumentar los recursos a través de los ingresos.

Antes de la reunión, algunas comunidades habían criticado la ausencia de Cataluña y la posibilidad de que se acometieran negociaciones bilaterales con la Generalitat para mejorar la financiación. Una opción que ha descartado tajantemente la ministra de Hacienda, que ha avisado al Gobierno catalán de que sólo hablará de la financiación en el foro multilateral que es el CPFF, de manera transparente, y que no se plantea ninguna negociación bilateral.

Montero ha resaltado la creación del grupo de trabajo político para la reforma del sistema de financiación y ha incidido en que se abre una nueva etapa, en la que se abordarán las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos. En este proceso, el Gobierno se compromete a adoptar la "posición de liderazgo que le corresponde"; promover debates, trabajos y negociaciones; presentar propuestas, y utilizar todos los cauces para promover los consensos.

Quiere el Gobierno que finalmente se consiga un modelo más solidario y equitativo, y para ello comenzarán por calibrar las insuficiencias del sistema actual, habida cuenta de que todas las comunidades coinciden en sentirse agraviadas con él. Aunque no se ha discutido en el CPFF de la reestructuración de la deuda, la ministra ha garantizado que habrá un trato igualitario para que puedan beneficiarse de esas medidas todas las comunidades que cumplan los requisitos que se fijen.

La idea es que se acojan sobre todo las autonomías con mayor endeudamiento, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, de manera que puedan encajar mejor las obligaciones a las que tienen que hacer frente. Se quiere así ayudarlas a que puedan salir a los mercados y recuperar su autonomía financiera.