Las comunidades se enfrentan a la justicia por el certificado covid por la falta de "una norma común"

El repunte en todos los indicadores pandémicos ha hecho que las autoridades autonómicas hayan puesto en marcha la maquinaria necesaria para aplicar nuevas medidas que sirvan como escudo frente a una sexta ola.

Con el 90 por ciento de la población diana con la pauta completa y más de tres millones de personas con las tres dosis, España se configura como uno de los países europeos con mayor tasa de población vacunada y, aún así, vive con temor cómo la pandemia cobra fuerza en los países europeos. Mientras Austria ha optado por confinar a sus ciudadanos, Bélgica ha vuelto al teletrabajo y Alemania pide a sus ciudadanos que se queden en casa, España se ha volcado con el uso del certificado covid para acceder a la hostelería.

Las comunidades autónomas, a favor de una "norma común"

Hasta el momento, el documento sanitario ya está implantando en Baleares, Galicia y Cataluña para acceder a determinados servicios como puede ser el ocio nocturno o la visita a hospitales (en el caso de Galicia). Son cada vez más autonomías las que claman al Gobierno para que establezca una norma común.

Este lunes, los tribunales de justicia de País Vasco han denegado su uso, mientras otras tres comunidades (Navarra, Aragón y La Rioja) siguen a la espera del aval jurídico para poder implantarlo. La Comunidad Valenciana ha anunciado que se establecerá "en los próximos días". Aragón, por su parte, no lo está teniendo fácil, ya que que el TSJA ha instado a presentar alegaciones para aplicar la medida. En el caso de Galicia, la justicia gallega lo rechazó, lo cual empujó al gobierno regional a recurrir al Supremo, que terminó por darle la razón.

En medio de este lío jurídico, volvemos a la historia que ya hemos vivido en otras ocasiones: la falta de una norma común ha hecho que España tenga ahora mismo un total de 17 legislaciones completamente distintas y todo un remolino judicial entorno a esta cuestión. Llegados a este punto, hemos querido preguntarnos por qué motivo estamos frente a 17 legislaciones completamente distintas, en las que unas comunidades se está aplicando el pasaporte covid -e incluso está ya en vigor- mientras que en otras, como País Vasco, se ha rechazado.

Para responder a esta cuestión hemos consultado al abogado y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Derecho Procesal, Alejandro Bravo, quien ha señalado que actualmente "existe un reglamento por parte de la Unión Europea que establece el pasaporte covid" y las "líneas en las que los Estados deben adoptar medidas" para poder aplicarlo.

El problema llega en el punto en el que España "no existe una normativa a nivel nacional", lo cual impide que pueda aplicarse la norma "de manera unificada". Por este sencillo motivo, "cada comunidad autónoma lo adapta como considera oportuno porque no existe una normativa a nivel nacional que aplique de manera unificada el reglamento", ha señalado el abogado.

¿Qué significa esto? Que puede haber comunidades que consideran necesario y fundamental aprobarlo, mientras que otras no. "Aquellas comunidades que han acudido a los tribunales, al final ha sido el Tribunal Supremo el que decide si se aplica o no", ha explicado. Algo que, en realidad, no debería ser así, ya que realmente ese debería ser el papel del Gobierno, el aplicar "una normativa unificada". Llegados a este punto, Bravo ha apuntado que "no hay una norma común".

¿Cuál es el papel de Supremo en este conflicto?

Básicamente, lo que ha hecho el Alto Tribunal no es otra cosa más que "coger el reglamento". Algunas comunidades autónomas o dirigentes políticos han señalado que el uso del pasaporte covid podría vulnerar la Ley de Protección de Datos de los ciudadanos. "Lo que dice la Sentencia del Supremo es que no, porque para que se vulnere la protección de datos, se tienen que almacenar", ha explicado. "Si una persona va a entrar a un restaurante, en la puerta simplemente verifican que esté vacunado o no, no se están quedando con sus datos personales sino verificando que cumple con esos datos", ha añadido el abogado.

En otras palabras, el Tribunal Supremo no está haciendo otra cosa más que "interpretar la norma europea", que en realidad es un "reglamento relativo a datos personales y a la libre circulación de personas", ha concluido Bravo.