Podemos tras comparar a los guardias civiles de El Tarajal con los presos del ‘proces’: “Esto no es Justicia”

Dos decisiones judiciales han marcado este martes. De un lado, la decisión de Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta que ha absuelto, ya es la tercera vez, a los 16 guardias civiles investigados por la muerte de 15 inmigrantes en la frontera del Tarajal (Ceuta) el 6 febrero de 2014, desestimando así los recursos presentados por Observatori de Drets Humans y otras oenegés contra la decisión del juzgado de instrucción 6 de la ciudad autónoma de archivar la causa al no apreciar indicios de los delitos de homicidio imprudente, lesiones dolosas o denegación de auxilio.

Los 15 fallecidos formaban parte de un grupo de 300 inmigrantes que intentaron cruzar a nado desde Marruecos a Ceuta y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad marroquíes y por agentes de la Guardia Civil. Un centenar de inmigrantes, al observar el despliegue policial, que utilizó pelotas de goma y botes de humo, no llegaron a saltar al agua. Sin embargo otros 200, parte de los cuales no sabían nadar e iban provistos con salvavidas caseros confeccionados con bidones de agua, si lo intentaron.

Según los tres magistrados de la Audiencia “la situación de riesgo grave para la vida estaba implícita en el método escogido por los inmigrantes para llevar a efecto el asalto”, indicando que “los guardias se dedicaron a cumplir con su deber con los medios antidisturbios que tenían a su alcance, sin que pueda achacárseles, por no existir elementos probatorios, el incremento de riesgo que pudo originarse con su intervención”. Incluso señalan que “la situación de peligro desapareció para quienes desistieron” de su intención de cruzar a Ceuta “y aumentó para quienes persistieron en su intento de aglutinamiento o los que se alejaron mar a dentro”.

La otra decisión judicial destaca del día ha llegado desde el juzgado de vigilancia penitenciaria, donde se ha acordado suspender el tercer grado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros cuatro presos del procés mientras resuelve el recurso de la Fiscalía contra el régimen abierto que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio.

La Fiscalía ha pedido hoy al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma inmediata el tercer grado a seis de los nueve presos condenados por el procés para evitar que la semilibertad que les concedió la Generalitat cree una "total sensación de impunidad", tanto para ellos como para la sociedad.

En cinco providencias, que se pueden recurrir en un máximo de tres días, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número cinco de Cataluña, sobre la que recaen los recursos relativos a Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acuerda que el escrito de la Fiscalía comporta el afecto suspensivo del tercer grado hasta que se resuelva el fondo del asunto.

De esta forma, los cinco presos vuelven a pasar al segundo grado y, una vez regresen a Lledoners en la noche de este martes, no podrán volver a salir de prisión tampoco para trabajar o hacer voluntariado, como hacían hasta obtener la semilibertad, en aplicación del artículo 100.2, al menos hasta que la cárcel de Lledoners plantee la recuperación del mismo.

Desde Podemos aseguran que "esto no es justicia"

Unas decisiones que parecen que no han sentado nada bien en el seno de Podemos, la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a tenor de las palabras que al respecto ha publicado Jaume Asens, presidente del grupo confederal en el Congreso, en su cuenta oficial de Twitter. En ellas, el catalán realiza una peligrosa comparación en las que asegura que “absuelven a los guardias civiles del Tarajal y suspenden el tercer grado a los presos independentistas. Esto no es justicia”.

No es la primera vez que Asens muestra públicamente su poca empatía con la Guardia Civil, como ya pudimos ver cuando el coronel Pérez de los Cobos, que dirigió el operativo policial del famoso 1-O en Cataluña, fue destituido como Jefe de la Comandancia de Madrid por el Ministerio del Interior, circunstancia que calificó como de "higiene democrática", al tiempo que la aprovechó para señalar que debería ser él quien estuviese en el banquillo y no Trapero, el jefe lo Mossos D'Esquadra.

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