“Rumores” o pruebas “ilícitas”, los argumentos de Podemos para intentar anular su imputación por la ‘caja B'

Las dudas y sospechas sobre la financiación de Podemos, la formación cofundada y liderada por el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, no son nuevas. Desde hace años han sido muchas las denuncias públicas que han puesto el foco de atención en la formación morada, por sus supuestas vinculaciones con las dictaduras de Venezuela o Irán.

De hecho, Enrique Ribóo, ex socio de Iglesias y director de Canal 33 TV, para el que trabajó éste último, ha asegurado recientemente durante una entrevista para el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, que "yo fui de la mano de Iglesias a ver la televisión iraní y ahí se paga en billetes de 500 euros, y como lo he visto lo cuento".

El ex socio de Iglesias va más allá y se pregunta cómo con una nómina de profesor universitario que “era de 900 euros”, pues reconoce que “a mí me la enseña”, se puede hacer “la súper campaña electoral que hace al parlamento europeo”. “Son preguntas que están ahí y que nunca se han querido contestar por parte de la dirección actual de Podemos”, subraya Ribóo.

Aunque la realidad es que, hasta el momento, ninguna de estas acusaciones han podido ser demostradas, con una base legal y documental suficientes. Aunque eso puede cambiar después de que el pasado martes 11 de agosto el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidía, primero, citar a declarar como investigados parte de la cúpula de la formación morada. En concreto, al secretario de Comunicación, Juanma del Olmo; al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; y a la gerente, Rocío Val. Y, segundo, imputar a Podemos como persona jurídica.

Todo ello, en el marco en la causa abierta por malversación de caudales públicos, tras la denuncia del ex abogado ‘purgado’ por la formación morada, José Manuel Calvente. De hecho, éste siempre ha defendido que su despido se debió a que se encontraba investigando, junto con otra compañera igualmente despedida, Mónica Carmona, la supuesta ‘caja B’ de Podemos.

Los argumentos de Podemos para intentar anular su imputación por la ‘caja B'

Sin embargo, desde Podemos negaron este extremo y, además, acusaron a José Manuel Calvente, de acoso sexual a una compañera, motivo por el cual fue denunciado, aunque dicha denuncia fue archivada a finales de julio, al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no está justificada la perpetración de esos delitos denunciados, es decir, que no hay pruebas que demuestren la denuncia presentada contra él. Se da la circunstancia que, curiosamente, otra letrada de la formación morada, que es además la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez, era la denunciante.

Tras conocer la imputación del juez a Podemos y a parte de su cúpula, desde la formación morada no tardaron en reaccionar, presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado ‘purgado’ José Manuel Calvente son meras "sospechas" y no tienen "relevancia penal".

Sus principales dirigentes comenzaban entonces una campaña con publicaciones en redes sociales y declaraciones a diferentes medios de comunicación en las que, se agarraban a unas supuestas declaraciones que aseguran que realizó Calvente ante el juez y donde éste habría señalado, presuntamente, que la base de sus acusaciones “son comentarios y rumorología a nivel de militancia”.

Sin embargo, en el citado recurso presentado por Podemos ante la Audiencia Provincial de Madrid, se hace una afirmación más que resulta muy curiosa, y es que, según el partido de Iglesias, esas pruebas fueron obtenidas de forma "ilícita" por Calvente.

Así, en el escrito, de 26 páginas, se afirma que el auto de imputación "adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada".

Sea como fuere, lo que está claro es que este asunto, además de un problema judicial más para Iglesias, pues no olvidemos que en el horizonte continúa el ‘caso Dina’, parece que no ha hecho más que comenzar y que puede ser, según lo que muchos apuntan, sólo la punta del iceberg.

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