Sánchez e Iglesias evitan rebajar la carga política del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

Las dos formaciones que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no han permitido esta tarde en El Congreso de los Diputados que se apruebe una ley por la cual no sea decisión política la designación de la Fiscalía General del Estado. La propuesta había sido presentada por los populares y tan solo ha contado con los apoyos de Ciudadanos, Vox y JxCAT, mientras que los socios de investidura de Sánchez no han aceptado una decisión encaminada hacia la despolitización de la Justicia.

Este rechazo llega en medio de unas tensas negociaciones que lideran Pedro Sánchez y Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En las últimas horas, ambas formaciones han realizado varias acusaciones públicamente que han agravado esta renovación, un entente que parecía prácticamente cerrado en el mes de agosto, según se ha sabido.

Las dudas sobre Delgado

Las dudas de la imparcialidad de Dolores Delgado ha sido denunciada en más de una ocasión. Delgado en la pasada legislatura fue Ministra de Justicia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un hito en el mundo de la jurisprudencia que provocó el enfado por parte de la jurisprudencia.

El órgano de los jueces, que tenía que valorar la propuesta de Dolores Delgado como Fiscal General a través de un informe no vinculante, denunció que su elección "fragiliza" el modelo judicial y advirtió de "no pasaría un examen de independencia ante el TJUE".

El portavoz Judicial del PP, Luis Santamaría, ha alegado que la propuesta perseguía tres objetivos: salvaguardar la independencia judicial, defender el marco jurídico constitucional y mejorar el servicio público del Ministerio Público. La iniciativa contemplaba que la persona propuesta no pudiera haber ocupado ningún cargo público y político en su pasado y que su idoneidad fuese aprobada por dos tercios del Pleno.

Defensores y detractores

Los partidos del Gobierno han arremetido contra los populares por presentarla cuando ellos estaban en el Gobierno, y los socios de investidura se han referido a la idea como "hipócrita". Los nacionalistas vascos, han dicho que esta propuesta "debería haber llegado antes" y creen que solo sirve para "bloquear" más la situación.

En cambio, los que han aceptado la propuesta han lamentado que esta sea "tímida" y "poco valiente". Así se ha referido el portavoz del grupo naranja, Edumndo Bal, que junto a Vox han pedido que el nuevo fiscal general no pueda haber ostentado cargos públicos en los últimos 10 años. El grupo del partido de Carles Puigdemont, por su parte, han marcado distancia con los demás grupos soberanistas y han recibido con agrado esta propuesta.

Esta propuesta de Pablo Casado llega meses después de que su grupo se personase en el Tribunal Supremo contra la designación de Dolores Delgado como Fiscal General, al considerar su proclama "una desviación del poder" y un "fraude constitucional".