Sánchez ordena máxima actividad a sus ministros para amortiguar la tramitación de la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ordena máxima actividad a sus ministros en el arranque de 2024 para amortiguar la tramitación de la amnistía en el Congreso. El presidente quiere poner en valor medidas populares entre la ciudadanía, según informa el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez.

Por delante u enero cuesta arriba con la previsión de dos plenos para celebrar la tramitación urgente de la ley de amnistía en el Congreso y enviarla ya al Senado.

Ese marco es contrario a los intereses de Pedro Sánchez, aun cuando quiera creer que su aliado será el tiempo. Por eso quiere a todos los ministros implicados con anuncios, explotando medidas con buena 'pegada' entre la ciudadanía que sirvan a mitigar el agujero de los tratos con los separatistas.

La estrategia pasará por ahondar en los guiños, tirar del Boletín Oficial del Estado cara a la opinión pública y tratar de convencer incluso a los más recelosos con tragar el sapo de la medida de gracia para seguir con los avances del gabinete.

Sus integrantes van a intentar mantener una agenda extraordinaria durante el próximo mes, todo ello además mientras el reloj de las elecciones gallegas avanzará imparable hacia el 18 de febrero

Renovación del CGPJ: Se aspira a un acuerdo en primavera

Es otro de los frentes para este 2024. Gobierno y PP deben poner en marcha las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La prudencia domina la posibilidad de acuerdo, aun cuando Alberto Núñez Feijóo tomara la iniciativa frente a Pedro Sánchez y la Comisión Europea supervise el proceso con su participación en reuniones a tres en España. Un paso en ciernes es la llamada de Félix Bolaños a Esteban González Pons, una oportunidad para el entendimiento que parece abierta en medio de la latente desconfianza ante el gobierno y el PP.

Sobre la mesa además del retoque quirúrgico del artículo 49 de la Constitución, a poder ser en enero, la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Aquí están puestos todos los focos. En este nuevo intento, los primeros pasos pasan por pactar el método de trabajo y el establecimiento de un calendario, además de engrasar la ya sondeada mediación de la Comisión Europea.

Queda camino por andar y además bajo la necesidad de blindar las conversaciones de la bronca permanente.

La Moncloa y Génova aspiran al acuerdo en la primavera como plazo máximo siempre antes de las elecciones europeas.

Por lo pronto las posiciones difieren ante el rechazo de los socialistas de vincular el desbloqueo del CGPJ con la reforma de elección de los vocales, algo que los populares plantean como condición sine qua non.

Mensaje del Rey

Todo ello con el discurso del Rey en el análisis político aún presente. Felipe VI pedía a las instituciones que se respetaran en su mensaje de Navidad y que "contribuyan mutuamente a su fortalecimiento y prestigio", unas palabras que, aunque sin citarla expresamente, se producen en plena crisis institucional entre los poderes del Estado por los ataques de algunos diputados y senadores contra los jueces.

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En su tradicional discurso de Navidad, el Rey hizo una mención especial al papel de las instituciones, a las que ha instado a que se sitúen "en el lugar que constitucionalmente les corresponde", un deseo que llega cuando las relaciones entre los tres poderes del estado están más tensionadas que nunca por la amnistía y el 'lawfare' -persecución política de los tribunales- y que amenazan con agrietar la convivencia institucional.

Al respecto, dijo que "todas las instituciones del Estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución".

"Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala", ha indicado el monarca.

Y añadía que hay que "respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio".

Unas palabras que, sin citarlo, se producen en pleno choque institucional entre los poderes del estado derivado por el clamor de los jueces contra las acusaciones de lawfare de diputados y senadores independentistas.