Sánchez suma y sigue con el independentismo: las cesiones continúan con los Presupuestos en mente
Los nacionalistas catalanes y vascos no paran de acercar posturas con el Gobierno durante los últimos meses. La sintonía ha quedado más que ejemplificada
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Si hay un punto controvertido con respecto a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018, ese es el de sus socios: de Gobierno, de investidura, de legislatura... El asunto genera quebraderos de cabeza prácticamente continuos al presidente. Por culpa de Podemos, sí, pero también por la del nacionalismo.
La actualidad demanda prestar atención a los aliados catalanes y vascos de Sánchez, que han adquirido un poder de influencia enorme en las decisiones del Ejecutivo durante los últimos meses. Lo cual ha generado un reguero de polémicas que no ha jugado a favor del ímpetu del líder del PSOE a la hora de ganarse para la causa a los principales partidos nacionalistas.
El escepticismo a colación de esos compañeros de viaje, que siempre existió y que ahora se ha desbordado, tiene su sustento en episodios tan críticos como los siguientes.
El veto a Felipe VI en Barcelona
El Rey no estará en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, como acostumbra a hacer cada año. El porqué hay que buscarlo en la ciudad que alberga la cita: Barcelona.
Eso sí, la ausencia del monarca no parece tener nada que ver con él ni con la Casa Real. Es más: Zarzuela llegó a confirmar al CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la presencia de Felipe VI en la Ciudad Condal. Por eso, todas las miradas apuntan hacia el Gobierno.
Desde Moncloa se esgrime que no ha habido ninguna implicación gubernamental (por cuestiones de seguridad) en el asunto. Sin embargo, en el CGPJ no opinan lo mismo. Más que nada, porque Zarzuela les comunicó que el Rey no cumplirá con uno de sus compromisos habituales porque no cuenta con la autorización del Gobierno. La sombra del independentismo, sin remedio, se cierne sobre la decisión.
El indulto a los presos del procés
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que las peticiones de indulto para los condenados del procés catalán empezarán a tramitarse la próxima semana. La medida afectará a pesos pesados del independentismo en la era Puigdemont, como Oriol Junqueras, los 'Jordis', Carme Forcadell y Raül Romeva, entre otros.
Aunque el anuncio de Campo pilló por sorpresa a la Generalitat y su entorno, a nadie se le escapa que ERC y Junts per Catalunya ansiaban que se tomase una determinación así. Incluso Unidas Podemos y el PSC habían solicitado ese indulto que parece que no tardará en llegar.
El cambio en los delitos de sedición y rebelión
El ministro de Justicia también anunció el miércoles que el Gobierno quiere reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. El objetivo es adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
Este gesto tampoco ha quedado libre de críticas, ya que los delitos de sedición y rebelión son los que mantienen en la cárcel a la plana mayor del procés catalán. De hecho, en el PP no tardaron en apuntar que quizá el cambio se trate de una concesión para sumar apoyos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
La mesa de diálogo con Cataluña
Fue capital para que ERC apoyase el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a principios de año. Sólo se celebró una de sus reuniones antes del coronavirus, y estas iban a servir para abordar dos reivindicaciones claras por parte del Govern: la libertad de los presos del procés y un referéndum de autodeterminación para Cataluña.
Sánchez y el portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, pactaron retomar la mesa a mediados de septiembre. Sin embargo, a día de hoy la negociación está en punto muerto desde febrero. A pesar de que esta podría ser clave, también, para desbloquear los Presupuestos.
Las concesiones para el PNV y Bildu
El acuerdo con el que el PSOE logró ganarse al PNV de cara a la investidura del segundo Gobierno de Sánchez hablaba de “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Es decir, negociar un nuevo Estatuto del País Vasco. También se abordó el traspaso de competencias, entre las que causó bastante polémica una referida a Navarra: el tráfico (con lo que esto supondría para la Guardia Civil en la Comunidad Foral). Más adelante, el PSE (Partido Socialista vasco) se alió con el PNV para que Iñigo Urkullu volviese a ser el lehendakari de País Vasco.
En plena negociación de una de las prórrogas del estado de alarma, saltó la noticia del acuerdo para derogar la reforma laboral de Rajoy con la izquierda abertzale representada por Bildu. Aunque en un primer momento se habló de una derogación “íntegra”, el Gobierno reculó después y pasó a hablar de “recuperar derechos laborales”.
La negociación de los Presupuestos
El Gobierno no está encontrándose un camino de rosas para lograr sacar adelante los primeros Presupuestos de Sánchez. Con los últimos de Montoro prorrogados por ahora sine die desde 2018, quizá ni siquiera haya un nuevo proyecto presupuestario al empezar 2021. Aunque el Ejecutivo mantiene que las cuentas públicas estarán listas a tiempo, las dudas de que su promesa se cumpla son razonables.
En Moncloa quieren contar con Ciudadanos como gran apoyo para sacar adelante los Presupuestos. No obstante, tampoco se ve con malos ojos, una vez más, que el nacionalismo arrime el hombro. Sólo así se explica que Sánchez se reuniese con Rufián y que Carmen Calvo, vicepresidenta primera, lo hiciera, hace unas horas, con el PNV y Bildu.
Estos son algunos episodios de una cercanía, la del Gobierno con el nacionalismo catalán y vasco, que muchos consideran perjudicial e imperdonable para Sánchez. Así se lo han recriminado (y a buen seguro que continuarán haciéndolo) de un tiempo a esta parte.