Siete años de la LOMCE: las veces que el PP tendió la mano por el pacto educativo

El 28 de noviembre de 2013 se aprobó en el Congreso de los Diputados la séptima reforma educativa de la democracia en nuestro país. Era la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, conocida como LOMCE o Ley Wert. La norma salió adelante sólo con los 182 votos a favor del Partido Popular, 143 en contra y dos abstenciones de UPN.

Entre otras medidas, la LOMCE apostaba por un refuerzo de las asignaturas básicas como las matemáticas, las ciencias o los idiomas y la lengua, implantar eevaluaciones nacionales al fin de cada etapa no universitaria, es decir, de Secundaria y Bachillerato, y suprimir las optativas. Reformó de forma parcial la ley educativa aprobada por el gobierno socialista en 2006, la LOE, y tuvo una contestación importante por parte del sector educativo, de los padres y de la oposición parlamentaria.

Ahora, parece que la historia se repite pero a la inversa. El PSOE está en el ejecutivo y ya ha aprobado un nuevo proyecto educativo. La reforma de la Ley Wert es la LOMLOE o Ley Celaá, en nombre de la actual ministra de Educación, Isabel Celaá. También ha generado mucha polémica entre profesores y padres por las disposiciones adicionales en referencia a temas como la educación concertada o la educación especial. El Congreso ha aprobado la norma con el apoyo de ERC y el PNV, la negativa de PP, Ciudadanos y Vox que quieren recurrirla ante el Tribunal Constitucional, y la abstención del resto de partidos.

Así pues, si algo tienen en común las dos leyes es que no han contado con el apoyo claro de todo el arco parlamentario ni del sector al que concierne, el de la educación. Más bien, han sido motivo de reproches dentro del pleno de la Cámara baja, en Comisión, discursos públicos e incluso protestas. Eso no quita que en algún momento sí se hiciese el esfuerzo por tender la mano a otras formaciones para lograr un consenso educativo.

En el caso de la Ley Wert, de cuya aprobación se cumplen hoy siete años, el entonces ministro de educación inició seis meses antes de su aprobación una ronda de contactos con todos los partidos de la oposición. En sus contactos con los grupos parlamentarios, el ministro Wert presentó “un guion temático” con los principales ejes del proyecto de LOMCE. El fin era “explorar aquellos aspectos que verdaderamente constituyen el objetivo central de la ley”, para ver así si las distancias entre partidos eran tan grandes o si existía una “posibilidad de llegar a un acuerdo sin el establecimiento previo de líneas rojas”.

El final ya lo sabemos: no consiguió ningún respaldo, pero la LOMCE salió adelante con los votos de los populares. Sin embargo, dos años después Wert dejó el Ministerio y le sustituyó Íñigo Méndez de Vigo, hasta entonces Secretario de Estado para la Unión Europea. Un cambio que también abrió la puerta a buscar nuevos consensos. ¿Cómo fueron esos intentos de entendimiento por la ley educativa?

SUBCOMISIÓN POR EL PACTO DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN

Cuando asumió la cartera de educación, declaró que llegaba para “buscar puntos de unión” tras más d euna veintena de huelgas y protestas varias por parte de la comunidad educativa. Uno de los primeros pasos fue acordar con las Comunidades Autónomas una reforma de las reválidas para dejarlas sin efectos, así como recuperar la prueba de Selectividad. Con este cambio, las evaluaciones finales de Primaria y ESO pasaron a tener carácter de diagnóstico mientras que las de Bachillerato eran sobre las asignaturas de las pruebas de acceso a la Universidad.

En su primera comparecencia, Méndez de Vigo hizo alusión a un proyecto de Ley Básica de Educación. Un mes antes, el PP pactó con el PSOE y Ciudadanos una propuesta parlamentaria conjunta para constituir una Subcomisión en el Congreso. El objetivo de dicha comisión era conseguir en un plazo de seis meses un informe que sirva para redactar un nuevo proyecto que sustituya la LOMCE de Wert.

Quizá fue el primer acercamiento importante entre Gobierno y oposición en materia educativa. La comisión contempló la comparecencia de representantes de las administraciones y de la comunidad educativa, así como de expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales o sindicatos, entre otros.

El PSOE presentó una proposición de ley para acabar con las reválidas, que se votó y aprobó en noviembre de 2016 con amplia mayoría. Sin embargo, el PP votó en contra, ya que no estaba de acuerdo en dar luz verde a la paralización de la LOMCE en el Congreso, mientras estaba pendiente constituir una subcomisión para alcanzar un Pacto de Estado de Educación.

La subcomisión parlamentaria siguió su curso en el intento de fraguar una de las leyes más ambiciosas en cuanto a materia de educación y que aspiraba al consenso. No obstante, lo que hasta entonces había sido un acercamiento de posturas, en marzo de 2018 se rompió. El PSOE rompió las negociaciones. El motivo: consideraba “insuficiente” la propuesta de financiación del Ejecutivo de 5.000 millones de euros adicionales hasta 2025. Asimismo, los socialistas exigían al equipo de Mariano Rajoy que se comprometiera a subir las inversiones hasta el entorno de la media europea, esto es el 5% del PIB.