Solo el 8% de la población por debajo del umbral de la pobreza cobra el Ingreso Mínimo Vital

Un año y medio después de que Ingreso Mínimo Vital entrara en vigor vía decreto ley, el pleno del Congreso de los Diputados le ha dado el visto bueno definitivo con 169 votos a favor, 98 en contra y 63 abstenciones.

Se han votado en bloque todas las enmiendas procedentes del Senado incluidas por el grupo socialista para excluir del IMV a personas que consten como administradoras de empresas, para que el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad compute a efectos de renta y para que se exima de la obligación de ser demandantes de empleo a personas que primero requieran de una inserción social, entre otras cosas.

La oposición ha criticado que no se han cumplido las expectativas del Ejecutivo. De 3.000 millones presupuestados en 2021 no ha llegado a ejecutar ni la mitad, y su solicitud supone un procedimiento complicado que añade una forma más de complicación.

Se elimina la cuestión relativa a la búsqueda activa de empleo y al hacer computar el patrimonio protegido de las personas con discapacidad. También por excluir del IMV a los autónomos societarios cuyas empresas no tengan actividad, pero todavía consten en las escrituras como administradores.

El Ministerio de Inclusión ha destacado que la prestación está llegando ya a 824.000 personas, que esperan aumentar gracias a las mejoras aprobadas. Esta ayuda, destinada a paliar situaciones de pobreza severa, se aprobó en mayo de 2020 con el objetivo de llegar a 850.000 familias y beneficiar a 2,3 millones de personas, una meta que todavía queda lejos y que ha obligado a hacer cambios en su diseño.

Entre las mejoras destaca el complemento de ayuda a la infancia que recibirán los hogares que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar ni el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.

El complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Además, se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de cubrir situaciones de pobreza sobrevenida.

En total, se han aprobado 362.000 prestaciones, con 824.000 beneficiarios, lo que supone la denegación del 73%. Dicho de otra manera, desde su entrada en vigor, 3 de cada 4 solicitudes han sido denegadas y casi 100.000 están pendientes de resolverse.

Las cifras están muy lejos de la previsión inicial que tenía el Gobierno, que era de algo más de dos millones de personas que iban a percibir estas ayudas. Son datos que se desprenden del informe presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Hace una semana, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el registro de mediadores del IMV para permitir a las entidades colaboradoras (ONG) acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación, otra medida con la que se espera ampliar el número de beneficiarios.