Torra acusa al TJSC de tener "prisas" por juzgarle

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este lunes que las "prisas" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para juzgarle le ha hecho incurrir, en su opinión, en un "error procesal", ante el que va a emprender acciones legales que aún no ha concretado.

La Oficina del Presidente de la Generalitat ha reaccionado a través de un comunicado al señalamiento del juicio contra Torra para el 25 y 26 de septiembre, como presunto autor de un delito de desobediencia a la Junta Electoral (JEC) al no retirar a tiempo lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en campaña electoral.

Para el presidente de la Generalitat y su equipo legal, este señalamiento es "la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia", que es "lenta solo cuando quiere". En este punto, el comunicado hace alusión a la situación de los políticos presos en la causa contra la cúpula del procés: "Hay personas demócratas que tienen que esperar casi dos años en prisión provisional la resolución de su proceso penal. En este caso, podemos comprobar que la prisa del tribunal por resolver el caso del president Torra es absoluta".

Así, desde la oficina del Presidente de la Generalitat hablan de un señalamiento "marcadamente precipitado", por "el hecho que se ha acordado la fecha del juicio oral (31 de julio de 2019) con fecha previa al auto de admisión y denegación de pruebas (2 de septiembre)".

Esto supone, según el equipo legal de Torra, un "error procesal" contra el que la defensa ejercerá "acciones legales pertinentes", sin más concreción. "Los jueces y tribunales no solo deben ser imparciales, sino que también deben tener la apariencia y esta irregularidad pone en duda esta imparcialidad", razonan.

El comunicado también alerta de que la fecha del juicio coincide con el pleno del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, acordado por la Junta de Portavoces aunque aún no convocado.

La Fiscalía pide que se condene a Torra a un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, por un delito de desobediencia por desoír la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de edificios públicos, entre ellos el balcón del Palau de la Generalitat, en la campaña de las generales del 28A.