Un poder contra otro poder

Alarma social no causó. Y a pesar de salir en los medios de comunicación mucha gente no se enteró de la huelga de jueces y fiscales. Quizá porque a los ciudadanos les preocupan más otras cosas. Pero para las asociaciones, fue un éxito porque fue una manera de plantar cara y tuvieron su foto. Más de la mitad secundaron la huelga, aunque los datos varían según quien los dé. Los convocantes aseguran que el 65% de los jueces no trabajó, mientras que el CGPJ, con los datos de los Tribunales Superiores de Justicia, cifra el paro en un 55,5%. En el caso de los fiscales, las asociaciones señalan que fue a la huelga el 51,9%. Es el único dato que hay, la FGE no estableció ningún sistema porque el derecho de huelga no está regulado para los fiscales. Tampoco para los jueces. Nada lo prohíbe, pero nada, expresamente, lo permite. Hay un vacío legal. Y si el Ministerio quiere los datos que los pidan, manifiesta a COPE la Asociación de Fiscales.

Muchos ciudadanos se preguntan si un juez o un fiscal tienen derecho a ir a la huelga, lo mismo que se puede preguntar si tiene derecho o no un parlamentario, o incluso un ministro. Representan a un poder del Estado y en este caso se han enfrentado a otro. La cara más visible es la del Ministerio de Justicia, pero las reivindicaciones se las hacen también al CGPJ y al Parlamento. Reivindicaciones salariales y laborales para una Justicia más moderna, más medios, más jueces y más fiscales, mejor distribución de la carga de trabajo, y sobre todo, despolitización de la Justicia, que a los vocales del Consejo los nombren los jueces. Y un gran pacto de Estado, de esos que no se dan con facilidad en el variopinto hemiciclo español.

En el caso de los jueces, las asociaciones manifiestan que se sienten huérfanas ante el CGPJ, porque este Consejo no les ha hecho caso, no se ha ocupado de ellos y ahora, que está de salida, si les escucha es por pura imagen, señala Raimundo Prado, portavoz de la Francisco de Vitoria. “ No nos representan”, asegura desde la APM, su Presidente, Manuel Almenar, que fue vocal del Consejo. Consiguieron el apoyo de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de 30 magistrados del Supremo, aunque ellos no fueron a la huelga.

El Ministro de Justicia volvió a ofrecer diálogo y negociación en plena huelga. La mayor parte de las reivindicaciones, en torno al 70%, “serán una realidad porque unas están en tramitación parlamentaria y otras dependen de la aprobación de los Presupuestos”, dijo. Es cuestión de tiempo.Y ayer, en el Congreso, reiteró ese diálogo de cara a la creación de plazas, juzgados, mejoras retributivas, y más recursos para las áreas prioritarias. El próximo lunes Rafael Catalá volverá a hablar con las asociaciones.