La abogada de Assange ve riesgo de que Ecuador le retire su protección

"En términos legales, Ecuador ha reconocido el derecho de Assange al asilo, por lo que no puede pedirle que abandone la embajada sin haber obtenido antes garantías de que el Reino Unido mantendrá ese derecho, o bien de que asegurará su protección contra una entrega a Estados Unidos", indicó la letrada.

"Políticamente, sin embargo, siempre existe el riesgo de que Ecuador rompa sus obligaciones legales y deberes con Assange si se ve sometido a presiones significativas", puntualizó Taylor.

Las opiniones que ha expresado el australiano sobre la situación en Cataluña y sobre las relaciones entre el Reino Unido y Rusia han enturbiado su relación con las autoridades ecuatorianas, que a finales de marzo restringieron sus comunicaciones y su régimen de visitas en la embajada.

A pesar de esas tensiones, Taylor espera que "a la luz del duradero compromiso de Ecuador con la noción de asilo político bajo la ley internacional", el "respeto por los principios de los derechos humanos fundamentales prevalecerá".

Para la abogada, si algún gobierno ha presionado a Quito para que tome medidas contra el activista, se trataría de "un preocupante ataque contra la libertad de expresión" de su cliente.

Assange se refugió en la legación ecuatoriana de la capital británica en junio de 2012 para evitar ser entregado a Suecia, que le reclamaba por diversos delitos sexuales. Estocolmo retiró esas acusaciones el año pasado, pero la justicia británica continúa exigiendo que se presente ante un tribunal por haber vulnerado los términos de su libertad condicional cuando se encerró en la embajada.

Assange teme que una vez esté en manos de la justicia del Reino Unido, Washington pida su extradición "de forma inmediata" para responder por la filtración a partir de 2010 de miles de documentos clasificados relacionados con operaciones militares en Afganistán e Irak, así como de miles de cables diplomáticos confidenciales: "Allí se enfrentaría a un proceso manifiestamente injusto e inconstitucional, bajo la Ley de Espionaje, en relación a actividades de publicación que están protegidas", dijo Taylor.