El indulto de Kuczynski a Fujimori, bajo sospecha de ser un acuerdo político

 El indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, está bajo serias sospechas de ser un acuerdo político que beneficia a ambos personajes. El aparente trato permitió a Kuczynski seguir en el sillón presidencial tras salvarse de ser destituido por el Congreso la semana pasada gracias a los votos de un pequeño sector del fujimorismo, y a cambio Fujimori obtuvo el domingo la libertad tras diez años de infructuosos intentos por salir de la cárcel.

Kuczynski, que se ha pasado su primer año y medio de mandato asfixiado por la presión del fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría absoluta, se salvó el jueves pasado, contra todo pronóstico, de una moción del parlamento para destituirlo gracias a una decena de fujimoristas que lo apoyaron en contra de la postura del resto de su bancada. Esos parlamentarios fueron liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien en ocasiones anteriores ya había solicitado abiertamente a Kuczynski el indulto para su padre.

Solo tres días después de esa votación, Kuczynski anunció el indulto horas antes de la Navidad, lo que polarizó en tan señalada fecha a una sociedad peruana dividida casi a partes iguales entre fujimoristas y antifujimoristas. Lo hizo a costa enervar e indignar a los votantes que lo apoyaron en las elecciones del pasado año con la única pretensión de que no ganara Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del partido Fuerza Popular, e hiciera lo mismo que él ahora ha concretado: indultar a su padre. Lo concedió, además, a pesar de haber negado esa posibilidad casi hasta el último minuto mediante sus personas cercanas, como la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien el día de la votación aseguró que el Gobierno no negociaba indultos.    

 Aunque la gracia presidencial está fundamentada en una supuesta enfermedad no grave, degenerativa e incurable, pero que puede agravarse en prisión, el presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Salomón Lerner, aseguró hoy a Efe que es evidente la existencia de un trato político, "un toma y daca". "Hasta al menos reflexivo de los peruanos vincula de inmediato el apoyo a Kuczynski de una parte de los fujimoristas con el indulto", comentó Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó el conflicto interno que asoló Perú entre 1980 y 2000, período que abarca el mandato de Fujimori.  Lerner recordó que el exgobernante fue condenado por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) en el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a cargo del grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Se trata de delitos que la ley internacional considera imprescriptibles y, a criterio de Lerner, su sanción no puede ser modificada, más aún cuando se trata de un emblemático caso de abuso desde el máximo cargo de poder de un Estado.

Para el especialista, se trataba además de un caso simbólico de justicia por las numerosas violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas del Estado durante el mandato de Fujimorti, entre 1990 y 2000, y cuyos autores materiales no suelen identificarse por la opacidad del Ejército y otros círculos oficiales. Tampoco es idóneo hablar de un perdón, según Lerner, pues Fujimori siempre se declaró inocente de los delitos y crímenes por los que fue condenado y nunca mostró arrepentimiento, como tampoco por acciones autoritarias como el "autogolpe de Estado" de 1992. En su decisión de otorgar el indulto, Kuczynski también libró a Fujimori de ser procesado próximamente por el caso Pativilca, otra matanza del grupo Colina en la que perecieron seis personas, al haber incluido ese "derecho de gracia".

Fujimori, de 79 años, se ha pasado los once últimos años de su vida recluido por delitos de lesa humanidad y corrupción cometidos cuando estaba en la Presidencia, a la que renunció por fax desde Japón en 2000, pero cinco años más tarde fue detenido en Santiago de Chile y extraditado a Perú para ser juzgado