Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno de España y su ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, se han convertido en el fiel portavoz de las exigencias de Puigdemont. Desde que el pasado mes de noviembre se conoció el texto de lo que ha sido tramitado como Proposición de Ley de Amnistía, los españoles han vivido en vivo y en directo su revisión constante, siempre a la medida de las demandas de su primer beneficiado. La última, negociada con nocturnidad, pero ratificada en la Comisión de Justicia, ha sido la de ampliar la amnistía a los delitos de terrorismo con excepción de los que atenten directamente contra los derechos humanos.
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