La corrupción cerca a La Moncloa

La imputación por parte del juez Peinado de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que prestó sus servicios como asistente a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, coloca el caso en un difícil escenario procesal para el entorno de Pedro Sánchez. El magistrado considera que las actuaciones de la asesora podrían ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El hecho de que Begoña Gómez, que no es un cargo público, tenga a su servicio a una persona que recibe un sueldo de la Administración para trabajar en sus negocios privados, representa un uso indebido de los recursos públicos y una concepción patrimonial del Estado. Discurra como discurra el proceso judicial, es evidente que existe una actuación improcedente desde el punto de vista ético.

A este paso se añade que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizar un informe sobre la situación económica y patrimonial de José Luis Ábalos y de su hijo, y sobre las comunicaciones de Víctor de Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, personas aforadas ante el Supremo. Con esta decisión, en la que le juez da credibilidad a las declaraciones de Aldama, la justicia coloca al entorno inmediato del Presidente del Gobierno en el centro de una investigación por corrupción. Un señalamiento que debiera tener sus consecuencias políticas antes de que se sustancie la vía judicial, entre otras razones para preservar la dignidad de las instituciones.