El Estado de Derecho actúa con todas sus garantías

Los responsables del proceso secesionista ya han sido llamados a rendir cuentas ante la Justicia. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han citado como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos a Carles Puigdemont y sus antiguos consejeros, y a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, junto con los miembros de la Mesa que participaron en esos presuntos delitos. En concreto, la magistrada Carmen Lamela admitió a trámite la querella de la Fiscalía General contra todos los miembros del ejecutivo catalán y les ha citado para este jueves.

Aunque el expresidente Puigdemont no se presente hoy ante la Justicia, lo que agravaría su situación penal, ha llegado la hora de aplicar la ley, que es igual para todos, a quienes han sido responsables de uno de los atentados más graves contra el Estado de Derecho en España desde la llegada de la democracia. Aunque los citados a declarar se empeñen en que éste es un proceso político, la realidad dista mucho de las artimañas que han desplegado para desprestigiar a las instituciones democráticas y judiciales españolas. Puigdemont y Forcadell, los consejeros de la Generalitat y los miembros de la Mesa del Parlamento, amparados por las garantías procesales en el marco del Estado de Derecho, tienen ahora la oportunidad de defenderse ante los jueces, lo cual es muy distinto a hacer proclamas en un mitin. Los responsables de la trama secesionista no solo han fracturado la sociedad, han atentado contra la legalidad instrumentalizazando las instituciones democráticas. Y esto debe tener un precio.