El Fiscal General debe dimitir

Sin precedente en la historia de la democracia reciente de España, la Sala segunda del Tribunal Supremo ha tomado por unanimidad la decisión de investigar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación ilegal de comunicaciones entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión del Supremo debe marcar un antes y un después, no sólo en el caso en concreto, sino en el empeño de Sánchez de convertir todas las instituciones del Estado en terminales al servicio de sus intereses. El Supremo también se ha declarado competente para investigar a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.

El Fiscal General no puede seguir ejerciendo su cargo bajo la sospecha de haber cometido un delito. Sea cual sea el desenlace, Álvaro García Ortiz, que ya fue reprendido por desviación de poder en su política de nombramientos, debe presentar su dimisión. Quien accedió a la fiscalía como un jurista de reconocido prestigo, aunque sus servicios los prestara de la mano de su predecesora Dolores Delgado, ahora está en entredicho. Al manifestar su voluntad de permanecer en sus funciones a pesar de la imputación, García Ortiz está degradando a la carrera fiscal. El deterioro que supone esta situación repercute negativamente no sólo en las actuaciones de la Fiscalía sino en su reputación dentro del Estado de Derecho. Aunque la presunción de inocencia le avale, está inhabilitado para seguir presidiendo un organismo encargado de defender la legalidad y promover la Justicia.