Objetivo: la judicatura

En junio de 2024, el Gobierno y el primer partido de la oposición llegaron a un acuerdo para desbloquear la renovación del poder judicial. Medio año después, el mismo Gobierno presenta un anteproyecto de ley para la reforma de la LO del Poder Judicial. Esta vez lo hace sin diálogo ni acuerdo previo.

Con el pretexto de que hay que adaptar la carrera judicial al siglo XXI y de que hay que democratizarla, porque la judicatura es cosa de élites, el Gobierno pretende aumentar el número de jueces ampliando el acceso por el cuarto turno, cambiar el modo de elección de las salas de gobierno de los tribunales y la composición de la comisión de ética judicial, así como regular la financiación de las asociaciones judiciales. Como es habitual en este Gobierno, cuestiones delicadas como las citadas se intentan neutralizar con medidas sociales como el aumento del número de becas para opositores o la creación de un registro de preparadores. El Gobierno desconoce que el perfil mayoritario de los nuevos integrantes de la carrera judicial es de sexo femenino, en torno a los 30 años y sin familiares juristas. Y aún hay más: ni el padre ni la madre del 34% de los nuevos jueces tiene estudios universitarios.

La fijación con la judicatura, similar a la que el Gobierno de Sánchez tiene con los medios de comunicación, no tiene que ver con la justicia social ni con la verdad. Al presidente Sánchez no le gustan los contrapesos ni cree en la independencia de los jueces. Esta es la verdad de su última maniobra tan poco imparcial como ajustada a la verdad.