Resistir no siempre es vencer

En democracia es imprescindible establecer lo que es legal, pero también discernir lo que es impropio o inmoral. Hay quienes creyéndose más astutos de lo que en realidad son pretenden confundir a la opinión pública. Algo de esto hay en los asuntos que rodean a la presidencia del Gobierno, unos más personales que otros. Uno de estos casos es el del fiscal general del Estado. A los jueces corresponde dirimir si hay delito o no. Pero en el asunto de García Ortiz hay mucho de responsabilidad institucional y otro tanto de conducta inapropiada. Esto es precisamente lo que trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala, entre ellos dos de sus predecesoras, le reprochan al actual fiscal general del Estado.

No se trata de un juicio sobre conductas privadas. El reproche se dirige a la conducta impropia de quien representa al Ministerio Fiscal en un Estado de Derecho. García Ortiz se negó a responder a las preguntas que el magistrado le formuló en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, una posibilidad que le reconoce el Estado de Derecho.

Pero de esa manera ha favorecido la confusión entre la responsabilidad institucional y sus responsabilidades personales hasta el punto de usar la fiscalía como un búnker dentro del que blindarse. Por respeto a la función que ejerce y a la institución que representa, por decencia democrática y por sentido del deber, la renuncia al cargo es la única respuesta apropiada que cabe esperar del fiscal general del estado.