Ahora la soberanía fiscal

La propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de implantar un modelo de soberanía fiscal para Cataluña, por el que esa comunidad autónoma recaude y gestione la totalidad de los impuestos generados en ese territorio, daría la puntilla al sistema autonómico al romper con el modelo fiscal que marca la Constitución. Supondría además un golpe a los principios de igualdad entre los españoles, a la capacidad económica y a la justicia fiscal. También generaría una discriminación entre comunidades autónomas de primera y de segunda, aunque introduzca la novedad de un fondo de solidaridad del que no se han especificado los criterios que determinarían su cuantía. En realidad, ese fondo parece más un intento de camuflar el privilegio que otra cosa.

La medida, propuesta por ERC dentro de su lucha por la hegemonía del frente independentista, no tendría más recorrido que el de un anuncio en el marco del fragor electoral, si no fuera por el antecedente de los indultos y de la ley de amnistía, que han convertido lo que parece imposible en real. La dependencia de los independentistas que sufre Pedro Sánchez, y su debilidad, hacen posible que acepte incluso un disparate económico y político como este, que supondría una anomalía histórica que contribuiría a la desintegración del Estado. No se conoce ningún Estado soberano en el mundo que haya renunciado a establecer y recaudar sus impuestos para asegurar el bienestar general.