Línea Editorial COPE: El Gobierno anuncia, el TC actúa

Por una mayoría de siete votos contra cuatro, el pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la condena de siete años de inhabilitación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción habido en la España democrática. Fueron la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo las instancias que condenaron a la exconsejera de economía de la Junta.

Ahora el Constitucional considera que el Supremo se extralimitó al juzgar unos anteproyectos y proyectos de ley que “no pueden ser objeto de control jurídico”, con lo que para el tribunal que preside Conde-Pumpido se conculcó la separación de poderes.

Según el voto de los magistrados discrepantes, todo lo que hacen los responsables políticos debe estar sometido a la ley, sea cual sea la naturaleza, administrativa o política, de lo que hagan.

Varios aspectos añaden gravedad a esta decisión del Tribunal Constitucional. El primero es que la noticia fue anunciada por el presidente del Gobierno en el mitin reciente de Benalmádena cuando aún no se había hecho pública.

El Constitucional se empeña a fondo en el borrado de la corrupción socialista dado que la sentencia tendrá repercusiones en los casos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán con unos argumentos que son coincidentes con los esgrimidos por el Partido Socialista contra la condena.

Estamos ante una “amnistía” por la puerta de atrás. Además, el Tribunal Constitucional vuelve a ejercer como una instancia de apelación última, corrigiendo al Tribunal Supremo, una función que en ningún caso le reconoce la Constitución ni el ordenamiento jurídico.