Sánchez contra la independencia de los jueces

Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas del decoro y del respeto institucional con unas sorprendentes declaraciones en Bruselas, en las que ha dicho, refiriéndose a la amnistía, que “con este proyecto de ley todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas”. Además, ha añadido que “todo el mundo lo sabe”, como si diera a entender que los jueces también, cuando la instrucción todavía está abierta.

Lo primero que hay que recordar a Pedro Sánchez, que se ha atribuido la función de juez de la Audiencia Nacional, es que no existe una causa general contra los independentistas catalanes. Existe un procedimiento judicial en curso, con todas las garantías que marca el Estado de Derecho, en el que están encausados por terrorismo veinticuatro ciudadanos, entre ellos una decena que pertenecen a los CDR, detenidos en posesión de artefactos explosivos. Decir si son o no terroristas es competencia única del juez.

Lo más grave de todo ello es que Sánchez pretenda asumir las funciones del poder judicial dando por cerrado un caso que está abierto. Como si no fuera suficiente la complacencia de los socialistas con quienes atacan a los jueces que trabajan en las causas del procés, ahora viene el presidente del Gobierno dictar sentencia pública antes de que el juez concluya su trabajo, alterando las mínimas condiciones de un juicio justo sin interferencias de poderes ajenos. Sólo en países de corte autoritario se producen situaciones de esta naturaleza en las que el Ejecutivo pretende dictar la ley y también interpretarla.