La Policía Nacional desarticula un grupo itinerante de proxenetas que explotaba a mujeres venezolanas en pisos

En el operativo se han detenido a 11 personas de nacionalidad española y venezolana, decretándose el ingreso en prisión para seis de ellas, y se han liberado a 11 mujeres. Asimismo los investigadores comprobaron que usaban de plataformas de alquiler de pisos turísticos, u otros medios de alquiler rotacional, para ocultar sus actividades delictivas.

Alquiler de pisos turísticos

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red, formada por personas de nacionalidad española y venezolana, se dedicaba a la captación de mujeres jóvenes con una situación de precariedad económica y vulnerabilidad, ofreciendo un trabajo inexistente en nuestro país. Tras la fase de captación, se llevaba a cabo el traslado de las mujeres que incluía la reserva de hotel, el pago del billete de avión y otros trámites que generaban una deuda económica que tendrían que saldar ejerciendo la prostitución.

Los agentes constataron que se trataba de una red itinerante de proxenetas con una amplia movilidad geográfica, usando viviendas de alquiler turístico que la propia organización contrataba en diferentes ciudades de la geografía nacional. Durante la investigación se ha comprobado el alquiler de pisos en más de la mitad de provincias de nuestro país.

Mujeres ofrecidas como "novedades" para mayor beneficio económico

La red desmantelada aprovechaba su amplia movilidad geográfica para ofrecer a las mujeres como "novedades" en las localidades donde eran trasladadas, lo que les proporcionaba un mayor beneficio económico. Los investigados también se desplazaban a los lugares donde estaban las mujeres, alquilando pisos cercanos a los utilizados para la explotación para supervisar la ilícita actividad.

Las víctimas eran controladas bajo amenazas y coacciones en todo momento, llegando a ser agredidas físicamente para someterlas al pago de la deuda contraída, deuda que además aumentaba si no cumplían con los plazos establecidos para hacer efectivo el pago. Los movimientos y los contactos que las mujeres tenían con terceros eran siempre supervisados, además de auditar sus servicios sexuales sin permitir que descansaran. La organización también les ofrecía la posibilidad de regularizar su situación en España a cambio de una contraprestación económica.

Además de la explotación sexual de mujeres, se dedicaban al tráfico de drogas a pequeña escala bajo las directrices de los miembros de la organización que ocupaban los escalones más altos de la misma.