Se reabre de nuevo el debate: ¿Está dispuesto a pagar para acceder a la playa?
Las colas vividas este verano en algunas playas y calas lleva a las administraciones a plantearse de nuevo la posibilidad de cobrar para evitar el daño medioambiental
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¿Estarías dispuesto a pagar para acceder a una playa en España? La sobresaturación de algunas este verano y una iniciativa del Centro Superior de Investigaciones Científicas reabren el debate sobre la posible italianización de parte del litoral español.
Este verano nos hemos sorprendido por la avalancha de veraneantes que ocupaban los arenales españoles y por las colas para poder entrar en calas emblemáticas de nuestro país.
El Centro Superior de Investigaciones Científicas ha hecho un sondeo entre los visitantes de las Islas Cíes para saber si estarían dispuestos a pagar 5 euros por utilizar sus playas. En diferentes arenales se cobra por el aparcamiento como medida disuasoria.
¿Se puede establecer una tasa por usar la playa?
La Ley de Costas española deja muy claro que el uso de las playas es libre y gratuito. “La Ley de Costas es muy clara -asegura el abogado medioambientalista Juan Ignacio Navas-, las playas son de dominio estatal y además utiliza la expresión gratuita”.
Se requeriría entonces un cambio legislativo que el abogado no concibe, “es como si me preguntas sobre una modificación legislativa del espacio aéreo. Es reino de España, ¿no? No lo puedo concebir”.
Si es obligación del Estado la preservación del espacio natural, “una cosa es cobrar por el uso de un bien público y otra cosa es tutelar la biodiversidad del medio ambiente, ponerle coto-recuerda Juan Ignacio Navas-. Eso es lo que tiene que hacer la Administración, cuando ve que el bien público es objeto de degradación”.
Preservar con limitaciones de aforo espacios sensibles
Y eso es lo que ocurre en las Islas Cíes y también, por ejemplo, en la playa de las Catedrales, en Lugo. En ambos enclaves, está acotado el número de visitantes diarios.
Desde el punto de vista medioambiental, los expertos creen que algo hay que hacer. Pero no es necesario hacerlo en todas las playas. “Hay playas que se pueden considerar artificiales, turísticas, que me preocupan relativamente poco -reconoce Arturo Ariño, investigador de Biodiversidad y Medioambiente de la Universidad de Navarra.
Pero hay otras en costas muy irregulares, "con muchas entradas y salidas, hidrodinámicamente difíciles, con circulaciones complejas, con calas pequeñas, de difícil acceso, si se masificaran sería un problema. Son más delicadas y porque son pocas comparativamente con las más abiertas”.
Playas abiertas no, calas sí
Porque la playa no es solo lo que vemos. Es el entorno, y la biodiversidad que se encuentra apenas un palmo bajo el agua. El ecólogo nos asegura que cuantas más personas acuden a estos lugares, más influencia se ejerce sobre ese entorno, sobre ese ecosistema.
Y es partidario de que se piense en algún mecanismo para regular el flujo de personas que “aunque no sea por pago, simplemente con una cuota de número máximo de persona, tiene un efecto beneficioso sobre el ecosistema del conjunto de animales que hay en las playas, se conoce, se han hecho estudios que demuestran que la biodiversidad de una playa se reduce cuantas más personas hay”.
Lo que no se percibe
Parte de nuestro litoral está en peligro “pero no solo por lo que vemos, también por lo que no vemos" -aclara Arturo Ariño-. En una cala es fácil ver las personas que hay, o los barcos que están atracados, pero no es tan fácil ver el efecto que tiene un emisario submarino que está vertiendo aguas residuales sin tratar y que las corrientes oceánicas pueden traer a la costa.
Cuanta más presión demográfica hay en la costa, tanta más presión sufre el litoral. Las calas pequeñas son muy atractivas. Si no hay una regulación adecuada, cada vez habrá más gente y, esa gente, cada vez hace más presión.
Una regulación sensata del acceso al litoral, no de prohibir todo, con la que tampoco se consigue nada, si está bien hecha, siempre puede acabar beneficiando al conjunto del litoral”.
Nuestro ecólogo reconoce que “a más turismo, esta regulación puede levantar ampollas porque puede afectar a más clientes de este litoral”.