Los ganaderos de bravo estiman unas pérdidas de 77 millones por la pandemia

La Unión de Criadores de Toros de Lidia publica un informe en el que se calculan pérdidas y se hacen propuestas para el futuro del sector.

Varios toros bravos en plena dehesa salmantina

Madrid - Publicado el 16 abr 2020, 10:00 - Actualizado 16 abr 2020, 10:18

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Según la entidad presidida por el ganadero Carlos Núñez, "nos encontramos viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia de España, la crisis sanitaria del Covid-19 está cobrándose muchas vidas, algunas de personas muy queridas y respetadas de nuestro sector, y además, está afectando gravemente a la economía del país".

En el escenario de un 2020 sin temporada taurina -marzo a octubre-, la estimación económica de pérdidas para los ganaderos de bravo de la Unión de Criadores de Toros de Lidia supera los 77 millones de euros, calculando los animales destinados a las corridas de toros de esta temporada –35.000 €-, añadiendo la pérdida económica de los añojos, erales, utreros que se quedarán en el campo y la consecuente drástica reducción de reproductoras.

Para la elaboración de esta proyección, UCTL ha considerado la previsión de la producción 2020 facilitada por los ganaderos a la entidad previo al inicio de la temporada que superaba los 7.000 toros (guarismo 15 y guarismo 16), que tienen un coste de producción que oscila entre 4.000 – 5.000 €/toro, dependiendo de las características de la ganadería. Y además debemos añadir aquellos animales que se quedarán en el campo, o a su sacrificio en matadero.

Como agravante a esta situación el stock de carne en los mataderos ha causado un desplome sin precedentes de los precios de mercado, devaluando el precio del producto de bravo en origen.

Según explica la Unión de Criadores de Toros de Lidia, el sector ganadero se encuentra ante una de las producciones más costosas del mercado, ya que el toro bravo tiene un ciclo de producción muy largo (entre 4 y 7 años), sometido a riesgos debido a su condición y además, un producto perecedero ya que su salida al mercado (espectáculos taurinos y festejos populares) está limitada a los 7 años.

Esta crisis Covid19 provocará efectos devastadores sobre las ganaderías de bravo cuya producción extensiva y autóctona, tendrá consecuencias sobre el medio ambiente, sobre la pérdida de biodiversidad y sobre los agentes que conforman el tejido rural, fundamentalmente en la llamada España Vaciada. Las ganaderías de bravo generan miles de empleos directos e indirectos de mano de obra especializada especialmente en aquellas zonas más deprimidas de nuestro país.

Asimismo, el toro bravo es pieza fundamental para el desarrollo y celebración los espectáculos culturales taurinos que aportan al Estado 140 millones en concepto de IVA al año.

La Unión de Criadores se ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Cultura –en base al reconocimiento de la crianza de bravo en la Ley 18/2013 como Patrimonio Cultural - a las Presidencias y Consejerías de Agricultura y Desarrollo Rural de las comunidades autónomas para hacerles llegar medidas que palien el desgaste económico que esta situación carga sobre el sector de la ganadería de bravo.

Al igual que se está realizando en otros sectores ganaderos afectados vinculados al canal horeca (subvención al sacrificio de ovino, caprino y vacuno), solicitamos ayudas directas a la producción con destino cadena alimentaria que permitan paliar las pérdidas en la cuenta de resultados de las empresas agropecuarias.
Además solicitamos ayudas directas para atenuar la pérdida del valor cultural, genético y medio ambiental de las ganaderías de bravo, ya que el 90% del valor de nuestro producto se corresponde con este tipo de parámetros. Por ello, se precisan ayudas directas para la conservación del valor genético y patrimonial del toro, el mantenimiento del tejido rural, especialmente de mano de obra cualificada, la preservación medio ambiental de espacios, como la dehesa, catalogados por la UE como AVN – Alto Valor Natural.

Consideración a las empresas ganaderas de bravo dentro del paquete de ayudas que se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que tienen por objeto facilitar liquidez, dotar de flexibilidad, favorecer el mantenimiento de empleo para todas las empresas sin distinción del sector de actividad.
Coordinación ministerial: Al Ministerio de Cultura y Deporte – Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación – Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente para la salvaguarda del patrimonio genético, medio ambiental, y del tejido rural ganadero de bravo que representan las ganaderías de bravo su crianza y selección regulada en la Ley 18/2013.
IVA reducido del toro bravo como producto cultural (no como producto agrario): A pesar de que el IVA del espectáculo taurino es del 10%, el de venta del toro bravo (animal para festejo) sigue siendo del 21%. Por tanto, solicitamos la equiparación al tipo impositivo reducido cultural, y en caso de bajar el tipo del espectáculo taurino, que se aplique esta reducción a la res lidiada consecuentemente. Y en el supuesto que la Administración a la solicitud del sector taurino acuerden la reducción al IVA super reducido, debe ser aplicado también al ganado bravo.
Exoneración y/o reducción de los costes administrativos derivados de las obligaciones reglamentarias administrativas, municipales y/o sanitarias para cualquier tipo de espectáculo taurino, incluyendo a los festejos populares.
Análisis y rediseño de la estructura de los espectáculos taurinos, especialmente desde el punto de vista laboral, fiscal y administrativo. Entendemos que para garantizar la viabilidad de los espectáculos es absolutamente necesaria la liberalización reglamentaria y administrativa que haga posible la autorregulación del sector.
Armonización de la política sanitaria animal en la aplicación de la normativa europea para ayudar y proteger al ganadero de forma que las imposiciones sanitarias no dificulten aún más si cabe la poco sostenible situación del ganadero.
Canales de comercialización alternativos de las carnes o un sistema de intervención pública del precio de la carne sobre una base de precio testigo de mercado correspondiente al mes anterior a la crisis.