La UTE Casas-Amador presenta su solicitud para una segunda prórroga en Albacete

Tal y como especifica el contrato de adjudicación de la plaza de toros de Albacete, que fijó un primer año de contrato y dos prórrogas más de dos años cada una, el plazo para que el Ayuntamiento dilucide si prorroga o no la gestión de la actual empresa arrendataria está a punto de expirar. Y es que el documento estipula que deberá resolverse antes de dos meses del último día del año si se concede o no la citada prórroga, por lo que el día límite sería el próximo 31 de octubre.

Según ha podido saber COPE, la arrendataria ya habría presentado formalmente en el Ayuntamiento la petición de esa segunda y última prórroga, por lo que ahora queda saber la respuesta del Consistorio. Porque, aunque no parece existir ningún incumplimiento por parte de la empresa que motive suficientemente la negación de esa prórroga, más allá de posibles juicios de valor, se abren hasta tres posibles escenarios.

Además, al hilo de la concesión o no de la prórroga, en las últimas horas se han recibido en el Ayuntamiento y también en los medios de comunicación dos comunicados muy dispares acerca de este asunto, con lo sucedido en la suspensión del último festejo de la pasada Feria de Albacete como telón de fondo.

El primero, firmado por la Federación Taurina de Castilla - La Mancha, cita textualmente que “Solicitamos al Ayuntamiento que no se le conceda la prórroga para las temporadas 2024-2025 a la actual empresa taurina gestora de la plaza de toros de Albacete, se saque a concurso y se cese al presidente del festejo de ese día 17 de septiembre de 2023.”

Como respuesta, la plataforma taurina local “También somos Cultura” critica abiertamente el escrito de la Federación y afirma que “El Ayuntamiento deberá decidir de acuerdo a los criterios pertinentes la procedencia de conceder la prórroga establecida en el propio contrato o su denegación. Eso sí, motivada, en un sentido u otro. Por algo más que una tormenta. Respecto a la destitución de un presidente por cumplir rigurosamente lo establecido en el reglamento, suena a incitar a una prevaricación administrativa”.